INFORME PRELIMINAR:
Primeras reflexiones sobre la nueva ley de hidrocarburos.
UN ESTATUTO DE LA ENTREGA PETROLERA
A contramano de los Generales Mosconi, Baldrich y del Dr. Silenzi de Stagni.
Por Horacio Micucci
Resumen Ejecutivo:
Muchos
expertos, representantes o no de los monopolios petroleros, exigían, en los
últimos tiempos, una nueva ley de hidrocarburos que diera seguridad jurídica a
los monopolios privados, dada la situación existente por la cual diversas leyes
y decretos habían modificado la ley vigente 17.319 (que data de la época de
Onganía) haciéndola, inclusive, más entreguista. Como ejemplo, ley 17.319 impedía
que las empresas recibieran más de cinco concesiones. Esto último no estaba
ocurriendo en la práctica ya que las empresas (en forma directa o indirecta)
superaban ese número de concesiones.
La nueva ley de hidrocarburos viene, no sólo a
consolidar la entrega del petróleo argentino, sino a profundizarla. En efecto, establece concesiones ilimitadas en el tiempo y
en el espacio, con regalías mínimas y todo tipo de exenciones y beneficios, con
permisos de giros de capital al exterior y exportación del petróleo,
desprotección ambiental y desprecio del derecho de los ciudadanos y de
comunidades y pueblos originarios de intervenir en los procesos en que se
decida la exploración y explotación de recursos naturales del dominio público.
En síntesis, esta
Ley de Hidrocarburos profundiza el camino de entrega del patrimonio nacional y
“legaliza” los beneficios entregados a monopolios extranjeros y empresarios que
intermedian con nuestra dependencia económica, por anteriores decretos
nacionales y acuerdos diversos, como el alcanzado entre el Gobierno de Neuquén
e YPF para explotar el yacimiento de Vaca Muerta en sociedad con Chevron.
De esta manera el falso estatismo y
nacionalismo popular del actual gobierno queda al desnudo: hace más entreguista
la legislación y profundiza la desnacionalización.
Ya no se podrá
decir, “los neoliberales lo hicieron o Menem lo hizo”. Esto lo hicieron los
Kirchner.
El tema es clave
porque, dadas las características del petróleo y el gas que no son sólo
materias primas sino que tienen importancia estratégica, lo que se haga con
ellos afecta la Defensa Nacional, la
Soberanía económica y la Independencia argentina.
Por todo lo
anterior, esta ley deberá ser derogada por cualquier gobierno que tenga mínimas
posiciones patrióticas y populares. Es necesario que se desarrolle un amplio
movimiento que se oponga a ella y se movilice por su derogación.
Es preciso volver a
las concepciones de los Generales Mosconi y Baldrich y del Dr. Silenzi de
Stagni.
No debe haber
seguridad jurídica para los que se están llevando nuestro petróleo.
“Porque
esa mancha de petróleo, que es en el obrero honrosa y pasajera, resulta indeleble
y oprobiosa en los legisladores venales y funcionarios sobornados por el oro
corruptor de las empresas invasoras”.
General Alonso Baldrich
“En relación con el
petróleo y la defensa nacional es obvio que no es lo mismo para el
abastecimiento de las necesidades logísticas de la Fuerzas Armadas que ellas
estén cubiertas por una empresa estatal que por una transnacional con casa
matriz en EE.UU., o en Gran Bretaña.”
Adolfo
Silenzi de Stagni. Claves para una política petrolera nacional. Editorial Theoría.
1983. Pág. 155.
“La falta de criterio conservativo en la
explotación de nuestros yacimientos, por parte de las empresas privadas, trajo
indudablemente un aumento en la producción, que aparentemente benefició al país
al reducir el monto de la importación, pero que no lo benefició en cuanto a que
el oro de las ganancias obtenidas por las empresas emigró del país, yendo a
reforzar las arcas de los grandes consorcios internacionales.”
General
Enrique Mosconi.1877-1940
La Ley de Hidrocarburos aprobada es un verdadero Estatuto
de la entrega del petróleo argentino. Ha superado lo ya existente.
Veamos algunos de los puntos que incluye:
1.- Obviamente,
se toma como modelo el acuerdo de inversiones firmado en 2013 entre YPF y
Chevron para la explotación de Vaca Muerta, en Neuquén. Como se recodará este
Convenio tiene cláusulas que aún permanecen secretas. Tan impresentable es.
Se
justifica la entrega con el argumento de lograr los capitales necesarios para
lo cual se propone “la integración de capital público y privado, nacional e
internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y
explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales”.
Decía el
Dr. Adolfo Silenzi de Stagni, respecto a la necesidad de capitales:
“¿Cómo se capitaliza un país?. (...) La explotación del petróleo
puede ser uno de los caminos más rápidos para capitalizar el país, por cuanto
es la actividad de mayor lucratividad que se conoce en el mundo. ¿Pero que ha
ocurrido? En lugar de extraerlo por cuenta nuestra a través de YPF, entregamos
a empresas extranjeras las mejores áreas localizadas y cubicadas por esta
repartición oficial, firmando contratos leoninos y sin precedentes en el
extranjero. La última edición de una publicación norteamericana sobre los
negocios en Latinoamérica: la Hanson´s Latin American Letter (1959) sostiene lo
siguiente: `El día que los argentinos se den cuenta de cuan pequeña era la
inversión necesaria para desarrollar la explotación del petróleo habrá
indignación y creciente ira´.”.
Y agregaba:
“El
proceso de acumulación de capital no puede provenir de la `ayuda´ externa, el
capital se forma en casa. Hoy, lamentablemente, por causas que no corresponde
analizar en esta ocasión, existe un gran número de legisladores, economistas,
dirigentes sindicales y estudiantiles,(...), que reniegan de esta bandera de
luchar por la independencia económica en torno a la cual no debiera haber
divergencias políticas, sobre todo después de los devastadores resultados de la
gestión económica que vivió el país durante el período autotitulado Proceso de
Reorganización Nacional.”
Referido al papel del capital extranjero decía:
“La experiencia demuestra que el capital
extranjero genera en el mediano y largo plazo un flujo mayor de salida de
divisas del que realmente ingresa. En otros términos el efecto de las
inversiones directas de las transnacionales es el de la transferencia neta de
recursos hacia el país de origen de esos capitales y, por tanto, el de una
descapitalización incesante de los países subdesarrollados.”
La actual falta de dólares demuestra que esa
inversión extranjera produce dependencia y descapitalización. Las citas anteriores
podrían haber sido escritas hace instantes. Tienen total vigencia.
El
dinero para una verdadera capitalización nacional está en las riquezas petroleras
y mineras que se entregan, en exportaciones mineras que salen como “barros” (aunque
tienen oro, plata y minerales estratégicos), en la renta financiera y el juego
que no pagan impuestos, en la deuda externa ilegítima por fraudulenta, usuraria
y odiosa que se paga religiosamente, en los millones de dólares que salen del
país por lavado de dinero o por distintas cláusulas por las que se remesan
ganancias al exterior, etc., etc.,etc..
2.- Se
establecen plazos más extensos en los contratos, que pasan a ser de 30 años con
posibilidad de 10 de prorroga en los yacimientos convencionales y de 35 más 10
de prorroga en lo no convencionales y la explotación off shore (plataformas
marítimas) es de 30 años con opción a 10 más. Al mismo tiempo, las concesiones
ya entregadas para pozos convencionales pueden ser reconvertidas a pozos no
convencionales. Es decir, que si hay una empresa con 15 años de concesión
convencional operando, puede reconvertir su actividad en no convencional por 45
años más, con un total de 60 años aproximadamente.
El texto
de la ley dice:
“Se prevé que aquellas concesiones de
explotación que a la fecha hayan sido prorrogadas seguirán hasta el agotamiento
de la prórroga por los términos y condiciones existentes. Agotadas tales
prórrogas los titulares de la concesión de explotación podrán solicitar nuevas
prórrogas debiendo dar cumplimientote las condiciones de prorroga establecidas
en la ley”.
Por lo
tanto, Cerro Dragón, la perla de nuestros yacimientos convencionales,
prorrogado hasta el 2047, podrá extenderse, al menos, hasta el 2057, dentro de
42 años.
Cerro
Dragón, pasa por las provincias de Chubut y Santa Cruz y se ubica en la Cuenca
del Golfo San Jorge. Tres mil quinientos kilómetros cuadrados, un territorio
que equivale 17 veces a la ciudad de Buenos Aires. Está operado por Pan
American Energy (PAE) desde 1997, que renovó la concesión en 2007. La empresa
PAE es 60% de la British Petroleum y el 40% restante de BRIDAS (cuyo capital
accionario es compartido por el Grupo Bulgheroni y la china Cnooc). Bulgueroni
es el operador del yacimiento.
Cabe
recordar que la ampliación del contrato de
concesión del yacimiento Cerro Dragón hasta el 2047 es uno de los hechos de
corrupción más grandes de la historia argentina.
En 2007, PAE fue beneficiada por la extensión de la concesión:
10 años antes del vencimiento de la que estaba en vigencia se la extendió por
20 años con opción a otros 20, más la libre disponibilidad de los recursos, a
cambio de un inversión de 3 mil millones de dólares en ese lapso.
La cuestionada entrega fue firmada por el entonces gobernador
de Chubut, Mario Das Neves, respaldada por el gobierno de Néstor Kirchner. Ahora,
con la nueva ley, podrá extenderse la
concesión más aún, de manera legal, aunque no legítima. Y de la misma manera en
otros casos.
Silenzi de Stagni sostenía que dar un área en
concesión por tantos años era como darla hasta su agotamiento, era regalar las
áreas. Los abogados discutirían infinitamente, decía haciendo una comparación,
la diferencia en dar un auto hasta que no sirva más o regalarlo.
Conceder por tantos años es regalar las áreas
petroleras.
El General Mosconi sostenía:
“...la
experiencia de las luchas incesantes que la organización fiscal ha debido
soportar con las compañías privadas durante todo el tiempo en que la hemos
dirigido, nos condujo a la conclusión de que tales organizaciones, la fiscal y
la privada, no pueden coexistir, pues representan dos intereses antagónicos
destinados a vivir en lucha, de la cual sólo por excepción saldrá triunfante la
organización estatal. Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que
quieran enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones de
explotación y exploración al capital extranjero, para favorecer a éste con las
ganancias que de tal actividad se obtienen, en lugar de reservar en absoluto
tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo
argentino. No queda otro camino a adoptar que el monopolio del Estado pero en
forma integral, es decir, en todas las actividades de esta industria: la
producción, elaboración, transporte y comercio.”
Las
palabras del General Enrique Mosconi también tienen total actualidad.
3.- Reducción
de regalías: Sobre las regalías se establece, tanto para gas como para petróleo,
un porcentaje máximo del 12%, pero habilita a ser reducida en un 5%.
Las
compañías pagan en otros países latinoamericanos más del doble o el triple y
aquí incluso se puede reducir hasta llegar al 7%, al disminuirla en un 5%.
Como
ejemplo por oposición a lo que aquí se hace, en Bolivia, el 1º de mayo de 2006,
el Presidente Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos recuperando
su propiedad para los bolivianos. YPFB (YPF boliviana) renació y el 29 de
octubre se firmaron nuevos contratos con las compañías petroleras privadas
estableciendo hasta el 82% de regalías en favor del Estado boliviano, en la
mejor negociación lograda jamás para el país.
La nueva
ley aprobada en nuestro país mantiene lo establecido en la ley 17.319, del
Dictador Onganía, que dice: “Artículo 59 — El concesionario
de explotación pagará mensualmente al Estado Nacional, en concepto de regalía
sobre el producido de los hidrocarburos líquidos extraídos en boca de pozo, un
porcentaje del 12 %, que el Poder Ejecutivo podrá reducir hasta el 5 %,
teniendo en cuenta la productividad, condiciones y ubicación de los pozos.”
En el artículo 28 se dice que el Poder Ejecutivo
Nacional o Provincial podrá reducir hasta el 25% del monto de las regalías y
durante los 10 años siguientes a la finalización del proyecto a favor de las empresas
que tienen concesiones de explotaciones no convencionales.
El artículo 27 establece que los proyectos de
producción terciaria, petróleo extra pesado y costa afuera, que por su
productividad, ubicación y demás características técnicas y económicas, sean
desfavorables, podrán ser pasibles de una reducción de regalías de un 50%.
4.- Número de concesiones: La ley Onganía Nº 17.319
(vigente hasta ahora), limitaba el número de concesiones, ya que decía: Artículo 34 —
El área máxima de concesión de explotación que no provenga de un permiso de
exploración, será de 250 km2.
Ninguna persona
física o jurídica podrá ser simultáneamente titular de más de 5 concesiones de
explotación, ya sea directa o indirectamente y cualquiera sea su origen.
Estas
prescripciones limitativas permitirán que en las zonas de la República no
reservadas a las empresas estatales, actúen un considerable número de empresas
particulares, con lo cual se evitará el acaparamiento de
concesiones y la eventual absorción por contadas entidades de las actividades
extractivas.”.
La nueva ley cambia el artículo 34 por el siguiente
texto: “El área
máxima de una nueva concesión que sea otorgada a futuro y que no provenga de un
permiso de exploración, será de 250 Km2”. Se elimina así toda limitación
del número de concesiones, legalizando y profundizando la entrega actual.
Por si fuera poco, se elimina la restitución parcial
de áreas al finalizar cada período de exploración.
Además se permite la conversión de concesiones
convencionales en no convencionales. En efecto, según el Artículo 5, se establece, mediante la
incorporación del Artículo 27 bis a la Ley 17.319, que los titulares de concesiones
convencionales podrán requerir el otorgamiento de una concesión no convencional
sobre parte del área de la que es concesionario, pudiendo sobre esta área
continuar realizando explotación convencional, siempre y cuando el objetivo
principal de la nueva concesión sea la no convencional.
En suma, consolida por décadas la entrega de nuestro
petróleo y la rapiña de esta riqueza vital.
En el momento de aprobarse esta ley las compañías
exceden ampliamente los límites de la ley Onganía, entreguista ya de por sí. La
nueva ley no establece limitaciones. Se está entregando la totalidad del
petróleo y el gas, en una mesa de retazos, comprometiendo a varias generaciones
futuras.
De esta manera el falso estatismo y nacionalismo
popular del actual gobierno queda al desnudo: hace más entreguista la
legislación y profundiza la desnacionalización.
5.- Promociones y exenciones: Un dato adicional es
que se incorporan las inversiones petroleras al Régimen de Promoción de
Inversión para la explotación de hidrocarburos (Decreto 929/13), si superan al
monto de 250 millones de dólares a partir del tercer año desde la puesta en
ejecución del proyecto (ya sea convencional, no convencional o costa afuera). Es
decir, reduce el monto del decreto mencionado de 1000 millones a 250 millones
de dólares.
Ahora la
exigencia como pauta mínima de inversión será de 250 millones de dólares, que
es una bicoca para cualquier monopolio petrolero extranjero.
Los
beneficios establecidos en el mencionado Decreto 923/13 consisten en el derecho
a comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de
hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en dichos Proyectos, exentos de
derechos de exportación, teniendo la libre disponibilidad de la totalidad de
las divisas provenientes de dicha exportación.
La ley
mantiene el porcentaje (20%) establecido en el Decreto, aumentándolo al 60%
para la explotación costas afuera.
6.- Exenciones a las importaciones de bienes de
capital establecidas en el Dto. 923/13: El Artículo 22. Establece que los bienes
de capital que resulten imprescindibles para la ejecución de los planes de
inversión de las empresas inscriptas en el Registro Nacional de Inversiones
Hidrocarburíferas tributen derechos de importación de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 927/13, lo que implica la reducción o eliminación de
los derechos de importación para los mismos, beneficio que actualmente se encuentra
restringido a 9 posiciones arancelarias.
7.- Tratamiento fiscal uniforme: El Artículo 24 propone que el Estado Nacional y las Provincias
propicien la adopción de un tratamiento fiscal uniforme que promueva las
actividades hidrocarburíferas. No está establecido en el articulado el alcance
de dicha uniformidad, y las modificaciones impositivas deberán ser tratadas por
las respectivas legislaturas provinciales. Ver para este y los otros puntos: “Sobre el Proyecto de Ley de Modificación a la
Ley de Hidrocarburos (N° 17.319) y otros - Exp. PE 316/14”. Luciano Caratori.
Rev. 23/09/2014).
El Anexo
I del Acuerdo Federal para el
Autoabastecimiento de Hidrocarburos esboza el alcance de dicha
uniformidad:
· Establece un máximo para la alícuota del Impuesto a
los Ingresos Brutos del 3%, prohibiendo la aplicación de adicionales en función
del tipo de actividad o la situación del contribuyente.
· Establece que las provincias y los municipios no
podrán gravar con nuevos tributos ni aumentar los existentes a los titulares de
permisos y concesiones durante la vigencia de éstos, a excepción de las tasas retributivas
de servicios o incrementos generales de impuestos.
· Por último, establece que las provincias no
incrementarán las alícuotas efectivas del impuesto a los sellos,
comprometiéndose también a no gravar los contratos financieros que se realizan
al estructurar, garantizar o avalar proyectos de inversión.
8.-
Desprotección ambiental: El Artículo 23 establece que el Estado Nacional
y las Provincias propendan, según lo previsto en el Artículo 41 de la
Constitución Nacional, al establecimiento de una legislación ambiental uniforme,
con el objetivo prioritario de “aplicar las mejores
prácticas de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o
transporte de hidrocarburos a fin de desarrollar una actividad con un adecuado
cuidado del ambiente”. Versiones anteriores del proyecto de ley,
antes de su aprobación, hacían una referencia explícita al establecimiento de
presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad, o incluso incorporaban
artículos específicos sobre dicha cuestión. La redacción actual no plantea
plazos para el establecimiento de dicha legislación, que según lo establecido
en el mencionado Artículo 41 de la Constitución del 94, debería surgir de una
Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental y de leyes complementarias
por parte de las provincias. Estos presupuestos mínimos no se han establecido
pese a que la reforma constitucional que lo indica es de 1994.
Importantes
organizaciones de protección ambiental, como la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales han hecho notar esta circunstancia, a través de artículos como el de
Felipe Gaziglia, según el siguiente texto:
“Sin embargo, la nueva ley hace una sola y
única mención a la cuestión ambiental en su texto, el que carece de las
disposiciones técnicas, ambientales y sociales necesarias para regular una
actividad que cuenta con características muy diferentes a la convencional.
En este sentido, la nueva Ley carece de disposiciones
específicas que dispongan la obligatoriedad de llevar adelante los
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos, así como
los requisitos mínimos que deberán observase. Tampoco dispone ningún tipo de
cláusula que garantice el acceso a la información por parte del público,
habiendo consolidado con su aprobación, el aberrante acuerdo secreto firmado
entre YPF y Chevron para la exploración y explotación de Vaca Muerta.
De igual forma tampoco se prevén
mecanismos que permitan a todas las personas interesadas, comunidades y pueblos
originarios participar en los procesos en que se decida la exploración y
explotación de recursos naturales del dominio público, que impactarán en el
territorio, el ambiente y la vida de las personas.
Es de estimar que la nueva ley, tal cual
ha sido aprobada, contribuirá a dar un mayor impulso a la actividad, que de
realizarse sin contar con la regulación y el control ambiental apropiado,
producirá serios impactos en el medio ambiente, pudiendo incluso generar graves
conflictos sociales.”
9.- Contratos de asociación (eliminación parcial
del carry o acarreo provincial). Se establece que sobre las áreas
que a la fecha hayan sido reservadas que no cuenten con contratos de asociación
con terceros, los esquemas asociativos se podrán realizar, pero durante la
etapa de desarrollo la participación de las empresas provinciales será
proporcional a las inversiones efectivamente realizadas por ellas. Por la
aplicación de este artículo, se eliminaría la posibilidad de que se establezcan
modalidades tipo carry o acarreo provincial, en las que las mismas se
asocian a un tercero participando de las ganancias, sin comprometer ni realizar
inversiones.
10.- Por
último, pero no menos importante, se legaliza el fraking. La fractura
hidráulica, más conocida por su término anglosajón fracking, es una técnica de extracción de gas y petróleo de
yacimientos no convencionales, generalmente de formaciones de esquistos
(shale), arenas compactas (tight sands) y mantos de carbón (coalbed methane).
Esta
técnica es un tema controvertido y que exige un debate científico profundo
dadas las consecuencias ambientales que implica. En la ley se obvia, como es frecuente,
el Principio Precautorio por el cual, en toda decisión de consecuencias ambientales,
son las empresas las que deben demostrar que no contaminarán y no los pueblos
afectados quienes, después de ser perjudicados, deben demostrar que lo fueron,
ante los hechos consumados. Por eso se han ocultado accidentes: sólo en los últimos cinco meses hubo dos explosiones en
pozos de tight gas en Allen, Río Negro; la pérdida de dos pastillas
radioactivas en pozos de Neuquén y una grave fuga de gas en un pozo de shale
gas en Loma Campana, el corazón de Vaca Muerta.
Además,
desde el punto de vista económico, cabe destacar que Miguel Galuccio (CEO de la
YPF kirtchnerista), da como un éxito que gastó 3.000 millones de dólares para
hacer 200 pozos en Vaca Muerta, con fondos que salen del combustible que
pagamos 50% más caro que en Estados Unidos, y 200% más caro que en Bolivia. Con
esos 3.000 millones de dólares YPF podría haber perforado 2.000 pozos
convencionales, produciendo 10 veces más petróleo y gas. Por el contrario, el
gobierno hizo aprobar una ley que regala el petróleo y el gas, hasta agotar los
yacimientos, a los monopolios imperialistas que provocaron la pérdida del autoabastecimiento
y ganan con la importación de combustibles.
En síntesis, concesiones ilimitadas en el tiempo y en el espacio, con regalías
mínimas y todo tipo de exenciones y beneficios, con permisos de giros de capital
al exterior y exportación del petróleo, desprotección ambiental y desprecio del
derecho de los ciudadanos y de comunidades y pueblos originarios de intervenir
en los procesos en que se decida la exploración y explotación de recursos naturales
del dominio público.
Esta Ley de Hidrocarburos profundiza el camino de entrega del patrimonio
nacional y “legaliza” los beneficios ya otorgados a monopolios extranjeros y
empresarios que intermedian en nuestra dependencia económica, por anteriores decretos
nacionales y acuerdos diversos, como el alcanzado entre el Gobierno de Neuquén
e YPF para explotar el yacimiento de Vaca Muerta en sociedad con Chevron.
Ya no se podrá decir, “los neoliberales lo hicieron o Menem lo hizo”.
Esto lo hicieron los Kirchner.
Por todo lo anterior, esta ley deberá ser derogada por cualquier
gobierno que tenga mínimas posiciones patrióticas y populares.
Es necesario que se desarrolle un amplio movimiento que se oponga a esta
ley y se movilice por su derogación.
Se debe volver a las concepciones de los Generales Enrique Mosconi y Alonso
Baldrich y del Dr. Adolfo Silenzi de Stagni.
Yanquis, chinos, ingleses, rusos,
franceses y otros, asociados a los “amigos de siempre” como Ezquenazi,
Cristóbal López, Lázaro Báez, etc. pastorean sobre nuestros yacimientos en la
tierra, en el mar y en los territorios usurpados por la colonialista Inglaterra.
Nosotros, en cambio, pensamos
que debemos recuperar el lema de los hombres de Mayo:
“Ni amo viejo ni amo nuevo. No queremos
tener amo”
Continuaremos
nuestra lucha por la estatización total del petróleo y el gas y por la
propiedad y gestión estatal, monopólica y eficiente, en todos los eslabones de
la cadena productiva, desde la exploración a la comercialización, con control
de sus obreros y técnicos y del pueblo argentino, de todos los hidrocarburos
líquidos y gaseosos de la Argentina.
