LA TIERRA PARA EL QUE LA
TRABAJA Y PARA VIVIENDA DIGNA
El latifundio, un pilar de
Argentina dependiente, y la necesidad de la Reforma agraria para generar un
millón de chacras y para la Defensa Nacional
El Mangrullo Argentino
Y cada uno, repitámonos desde el corazón:
ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador
sin derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún
niño sin infancia, ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una
venerable vejez. Sigan con su lucha y, por favor, cuiden mucho a la Madre
Tierra. PAPA FRANCISCO
El término latifundio refiere a las grandes
extensiones de campo que poseen algunos propietarios territoriales. Estos son
los terratenientes que, por el mero hecho de ser los dueños de un recurso
limitado e irreproducible como es la tierra –imprescindible para la producción
primaria (agropecuaria, forestal, minera, etc.)–, exigen un canon o renta para
permitir su uso.
La producción agraria, para poder realizarse,
requiere de tierra, además de trabajo y de capital. Y la tierra, aparte de ser
imprescindible para poder producir, es un bien limitado en el espacio y no
reproducible como otros medios de producción, lo que otorga a sus propietarios
un poder social especial. El monopolio de esta propiedad permite a sus dueños,
por el solo hecho de ser tales –independientemente de que inviertan en el campo
o que recurran a arrendatarios o contratistas–, obtener un ingreso extra: la
renta de la tierra.
Este monopolio hace que los latifundistas obtengan
así enormes beneficios, sin tener que ser ellos los que necesariamente tengan
que trabajar o poner capital en el campo; y si ponen algún capital no van a
querer dejar de sacar, aparte de la ganancia correspondiente a ese capital, su renta
como propietarios de la tierra.
Esa renta latifundista la paga en el precio de los
productos, el conjunto de la sociedad.
La extranjerización de la tierra que ocurre en
Argentina, además, provoca que esa renta sea también un desangre y
descapitalización del país. Beneton, que declara 900.000 ha en la
Patagonia, es una muestra de ello. Las tierras de la Corona inglesa también. El
gobierno actual, como otros anteriores, es beneficiario y promotor de la
concentración de la tierra en grandes latifundios: En los 243.943 Km2 de
extensión que tiene Santa Cruz, el empresario K Lázaro Báez se posicionó como
el principal terrateniente.
Adquirió en ocho años 25 estancias que equivalen a unas 400.000 hectáreas,
esto representa la mitad de las tierras que posee Luciano Benetton, el
principal propietario en la Patagonia, como se dijo, con 900.000 hectáreas.
Los productores que no tienen tierra, para poder
acceder a la misma, tienen que dar cuenta de esa renta, en el precio de la
tierra. Sea comprándola o arrendándola. Así el dinero que tengan que adelantar
para la compra o el arriendo, deja de pertenecerles, pasa a ser la renta del
terrateniente. Y para poder producir: para sus máquinas, la semilla, los
fertilizantes, etc., necesitan otro dinero. Con este dinero y su trabajo, y el
trabajo de sus asalariados cuando los tengan, tienen que sacar suficiente como
para obtener un beneficio propio y la renta para el terrateniente.
Todos los imperialismos que nos explotaron y explotan
buscaron siempre asociarse con los terratenientes argentinos. Nunca impulsaron
la liquidación de las trabas precapitalistas generadas por el origen feudal y
semifeudal, colonial, de ese latifundio. Así pasó y pasa con los distintos
imperialismos que se disputan nuestro país. La asociación económica y política
entre imperialistas y terratenientes -con distintas formas- fue y es una de las
claves de la dependencia nacional. Una de las condiciones para el dominio
imperialista de la Argentina fue y es preservar la propiedad latifundista. Es
imposible pensar en resolver la desocupación, el desarraigo campesino, el
hambre, un desarrollo autónomo y la independencia nacional (y la Defensa
Nacional) sin una reforma agraria que termine con el latifundio. Menos aun
pensar en la democratización de la sociedad argentina.
¿DE DÓNDE SALE LA
RENTA?
La renta puede tener distintas formas, puede ser
mayor o menor según la calidad de la tierra o su distancia del mercado, pero
siempre su razón de ser es el monopolio de la propiedad sobre la tierra: un
bien que es limitado en el espacio e irreproducible, que le da
"derecho" al propietario a apropiarse de todas las rentas: no solo la
que surge por diferencias en la calidad o distancia de los mercados de las
tierras sino, además, la que surge de las que son de menor calidad o están a
mayor distancia de los mercados, pero que son también requeridas para la
producción. Porque la tierra no solo está limitada en el espacio sino que
también está limitada por la propiedad, y para poder acceder a ella es
necesario dar cuenta de la renta.
La tierra, como bien natural, no tiene un valor en
sí. Se va a obtener un valor de ella si se la pone a producir: el valor no
surge de la tierra misma sino del trabajo y del capital aplicados sobre ella.
Pero al ser un bien apropiado, no libre como el aire o la lluvia, el
propietario, por el hecho de ser tal, por tener el monopolio de un bien
limitado en el espacio e irreproducible no la va a poner o dar en producción,
sino saca un beneficio. Y ese beneficio solo puede salir de la producción, de
la mayor explotación de los obreros y aparceros o de un mayor precio en el
mercado de lo que cuesta esa producción.
Puede ser que en algún caso se pueda obtener esa
renta de ese mayor precio, pero con los monopolios que existen en la
comercialización e industrialización de la mayor parte de los productos del
campo, es muy difícil pensar que los precios del mercado, salvo momentos
excepcionales, estén muy por encima de los costos de producción. Entonces, en
lo fundamental, más en el caso de un país dependiente como el nuestro, que no
tiene precios mínimos sostén ni subsidios a la producción, tiene que salir, y
sale, de la mayor explotación de los obreros rurales y aparceros e incluso del
recorte de ganancias, o de la descapitalización, de los contratistas o arrendatarios
empresarios.
Por eso el tema de la tenencia de la tierra, es un
problema básico para todos los verdaderos productores del campo, en primer
lugar para los obreros rurales y aparceros porque determina su superexplotación,
pero también para los campesinos con poca tierra y para los contratistas y
arrendatarios en general, como para la economía del país en su conjunto.
REFORMA AGRARIA SEGÚN
WIKIPEDIA:
Reforma agraria es un conjunto de medidas políticas,
económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la
estructura de la propiedad y producción de la tierra. Las reformas agrarias
buscan solucionar dos problemas interrelacionados, la concentración de la
propiedad de la tierra en pocos dueños (latifundismo) y la baja productividad agrícola
debido al no empleo de tecnologías o a la especulación con los precios de la
tierra que impide o desestima su uso productivo.
Las formas de cambiar la tenencia de la tierra son
por medio de la expropiación de la tierra sin indemnización o mediante algún
mecanismo de compensación a los antiguos propietarios. Generalmente los
resultados sociales son la creación de una clase de pequeños y medianos
agricultores que desplazan la hegemonía de los latifundistas.
REFORMA AGRARIA
ARTIGUISTA
En lo que actualmente es la República Oriental del
Uruguay a principios del siglo XIX, entonces llamada Banda Oriental, se llevó a
cabo uno de los procesos de reforma agraria más radicales.
Bajo el período de la Revolución Artiguista
comprendido entre los años 1811 y 1820, el máximo caudillo de ese proceso
revolucionario, el General José Gervasio Artigas (1764-1850) inició el proceso
de reparto de tierras, no sólo fiscales sino de grandes propietarios criollos y
españoles.
Artigas fue un hombre profundamente conocedor de la
Banda Oriental y de sus habitantes naturales: el gaucho y el indio, ambos
excluidos de la posesión de la tierra en el siglo XIX. Participó junto a Félix
de Azara en el reparto de tierras como medida de poblamiento, fomento de la
campaña y medida precautoria contra el avance portugués en la tenue —cuando no
inexistente— frontera entre ambos imperios, pero resultó insuficiente.
El paisaje decimonónico de la campaña oriental se
caracterizaba por el despoblamiento producto de las grandes propiedades —muchas
veces simplemente ocupadas ilegalmente, cuando no donadas por la corona sin ni
siquiera tener en cuenta las verdaderas dimensiones—, el contrabandismo o
bandolerismo y la explotación irracional dada la sobreabundancia de ganado
vacuno.
Con el estallido de la Revolución, Artigas llevó a
cabo un reparto de tierras verdaderamente radical, desconocido en su época, y
popular.
EL REGLAMENTO DE
TIERRAS DE 1815
El "Reglamento Provisorio de la Provincia
Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados", fue
aprobado el 10 de septiembre de 1815.
Con el mismo, Artigas buscaba dos finalidades bien
definidas: en primer lugar, asegurar una base social de apoyo a su revolución.
La máxima del pensamiento artiguista en cuanto a justicia social se resume en
la siguiente idea: "que los más infelices sean los más privilegiados"
expresado en el artículo 6º del Reglamento.
Su segundo objetivo era castigar a los
contrarrevolucionarios, idea que queda expresada en la famosa frase del mismo
documento "malos europeos y peores americanos", o sea, los opresores
(el "godo") y todo aquel americano que estuviera en contra del
proceso revolucionario. De esta manera se ejercía una justicia revolucionaria
en contra de los enemigos del proceso revolucionario, al tiempo que se premiaba
a los que fervorosamente habían abrazado la revolución.
Pero es interesante detenerse en algunos artículos
del Reglamento:
6o. Por
ahora el señor alcalde provincial y demás subalternos se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña.
Para ello revisará cada uno, en sus respectivas jurisdicciones, los terrenos
disponibles; y los sujetos dignos de esta gracia con prevención que los
más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros
libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos
podrán ser agraciados con suertes de estancia, si con su trabajo y hombría de
bien propenden a su felicidad, y a la de la provincia.
7o. Serán
también agraciadas las viudas pobres si tuvieren hijos. Serán igualmente
preferidos los casados a los americanos solteros, y estos a cualquier
extranjero.
LA IGLESIA ANTE EL
LATIFUNDIO Y LA REFORMA AGRARIA
En el documento de 2005 de Comisión Episcopal de
Pastoral Social-Conferencia Episcopal Argentina, UNA TIERRA PARA TODOS, dice:
Analizando
esta realidad a la luz de la enseñanza bíblica y de la D.S.I., vemos que más
allá de los factores estructurales, muchos de los conflictos y problemas sobre
el tema de la tierra es producto de la secularización de nuestra sociedad argentina.
La pérdida
de la concepción de la tierra como don de Dios para el bienestar de todos está
en la raíz de toda concentración, apropiación indebida y depredación de los
recursos naturales.
Dios es
vida y autor de la vida. En el Génesis se relata la creación por parte de Dios
y cómo en ella distribuye su riqueza vital, dotando a la tierra de diversidad
de bienes y confiriéndole potencialidad productiva. Dios creador, padre
proveedor y nutricio, generosamente pone a disposición del hombre la tierra.
El hombre
se hará cargo de esta donación como co-creador, porque el mandato divino es el
de seguir dando vida a la tierra, hasta henchirla; prosiguiendo y completando
la creación pues el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, es comunicador
y custodio de la vida.
Así también
Dios confiere a los hombres el señorío sobre las tierras, pero este dominio no
puede ser ejercido con despotismo depredador; sería incompatible con la función
de co-creador.
La autoridad se les
confiere para ordenar y hacer crecer la naturaleza para todos. Siendo la tierra
don de Dios para el ser humano en cuanto tal, es la humanidad conjuntamente la
que debe sentirse responsable de la creación, y debe organizarse
comunitariamente para ello. Para cuidar la justicia, la fertilidad de la tierra
y preservar la solidaridad en la sociedad israelita, Yahvé promulga el año
sabático. Con la misma finalidad posteriormente se prescribe el año jubilar;
cada cincuenta años existe uno de jubileo o liberación, descanso de la tierra,
recuperación de la tierra empeñada, perdón de todas las deudas y se deja
espigar la tierra al extranjero, a la viuda y al pobre.
Esta tierra es
comunitaria, nadie puede apropiarse de ella en exclusividad. Yahveh es el dueño
de toda la tierra y el Dios de todos, comenzando por los más pobres (anawin).
Juan Pablo
II decía, en Recife, Brasil. “La tierra es un don de Dios, don que Él hizo para
todos los seres humanos” (…) “No es lícito, por tanto, porque no es conforme
con el designio de Dios, usar este don de modo tal que sus beneficios
favorezcan sólo a unos pocos, dejando a los otros, la inmensa mayoría,
excluidos.” Repitió e insistió en esta
preocupación a lo largo de sus visitas en Latinoamérica.
La
Constitución Pastoral “Gaudium et spes” pone de relieve que el hombre debe
gobernar el mundo en justicia y santidad orientando su propia persona y el
universo a Dios su creador, para la gloria de su nombre. Por lo tanto no puede
usar la realidad creada sin referencia a Él, hay que escuchar la voz de Dios en
la creación. La criatura sin su creador desaparece.
Esta
constitución también se refiere a los bienes de la tierra destinados para uso
de todos los hombres y pueblos, debido a ello deben llegar a todos en forma
equitativa bajo la égida de la justicia y la caridad. Así el hombre no debe
usar como exclusivamente suyas, sino como comunes, las cosas que posee
legítimamente, en el sentido que debe aprovecharlas no sólo él, sino también
los demás.
Señala el
derecho a poseer bienes suficientes para sí mismo y para la propia familia, también
indica que se debe ayudar a los pobres no sólo con los bienes superfluos.
Sienta doctrina sobre el uso universal de los bienes, sujetos no sólo al que
los posee, sino al bien común. Enseña que quien se halla en situación de
necesidad extrema puede tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí.
También
orienta respecto al acceso a la propiedad, y dominio de los bienes, haciendo
una fuerte crítica al tema de los latifundios.
El
documento de Puebla exhorta a encarar la falta de reformas estructurales que
existen en el campo de la agricultura, de modo que se ataquen con decisión dos
problemas del campesinado: el acceso a la tierra y a los medios que hagan
posible un mejoramiento de la productividad y comercialización. Asimismo
advierte que si se prosigue deteriorando la relación del hombre con la
naturaleza por la explotación irracional de sus recursos y la contaminación
ambiental, se producirán graves daños al hombre y al equilibrio ecológico.
En 1997 con
motivo de la preparación del gran jubileo del 2000, el Consejo Pontificio
Justicia y Paz, ofreció el documento: “Para una mejor distribución de la
tierra. El reto de la reforma agraria”, en el mismo retoma y amplía la doctrina
social de la Iglesia sobre este tema, por lo cual es insoslayable su referencia.
Este
documento parte del análisis del modelo de desarrollo de las sociedades
industrializadas, que incide dramáticamente en las economías en vías de
desarrollo, basadas en la agricultura predominantemente. Esto se hace patente
en el fenómeno constante de la apropiación indebida y de la concentración de
las tierras, con graves consecuencias en el sector del trabajo y la producción.
Este
escandaloso proceso de concentración de la tierra, está en neta oposición con
la voluntad y el designio salvífico de Dios, dado que niega a una gran parte de
la humanidad los beneficios de los frutos de la tierra. Derivado de esto, el
documento, puntualiza expresamente la condena a:
El
latifundio como intrínsecamente ilegitimo: no hay razón para reservarse en uso
exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a los demás les falta lo
necesario.
Las
injusticias provocadas por las formas de apropiación indebida de la tierra por
parte de propietarios o empresas nacionales e internacionales y en algunos
casos con el apoyo de instituciones estatales; despojando a pequeños
agricultores y a los pueblos indígenas de sus tierras y creando modos de
explotación de la tierra que deterioran el medio ambiente.
La
explotación laboral que impide a los trabajadores disfrutar de los bienes
comunes de la naturaleza, como los frutos de la producción.
El enfoque
doctrinario se centra en dos principios de la justicia:
El destino
universal de los bienes: Dios ha destinado la tierra y todo cuanto ella
contiene para uso de todos los hombres y pueblos, de modo que los bienes
creados deben llegar a todos en forma equitativa, bajo la guía de la justicia y
el acompañamiento de la caridad.
Constituye
un derecho natural, primario y universal”.
El derecho
de propiedad privada con función social: La propiedad privada o un cierto
dominio sobre los bienes externos aporta a cada uno un espacio completamente
necesario para la autonomía personal y familiar y debe ser considerado como una
prolongación de la libertad humana. Finalmente, al estimular el ejercicio de
tareas y deberes constituye una de las condiciones de las libertades civiles.
La
propiedad privada es un instrumento de actuación del principio del destino
común de los bienes. Por lo tanto el hombre, al servirse de esos bienes, debe
considerar las cosas externas que posee legítimamente, no sólo como suyas, sino
también como comunes, en el sentido de que han de aprovechar no sólo a él, sino
también a los demás. Considera también la propiedad comunitaria que caracteriza
la estructura social de numerosos pueblos indígenas.
Asimismo
los obispos argentinos en la declaración del año 2000: ‘El gran Jubileo y el
derecho a la tierra de los pueblos aborígenes’, manifestamos que la iglesia,
reconociendo la obra creadora de Dios, quiere caminar junto a los pueblos
aborígenes en espíritu de ayuda y de servicio, y seguir contribuyendo a reparar
las injusticias del pasado y del presente.
Exhortamos
al gobierno nacional y de las provincias en sus diversos poderes, a acelerar la
transferencia o devolución de las tierras que los pueblos aborígenes reclaman
legítimamente, haciendo efectivos los derechos de estos pueblos.
Respecto a
la problemática de la tierra urbana es importante considerar el documento “¿Qué
has hecho de tu hermano sin techo?”. Este resalta al grupo social de los
marginados, instalados en precarios asentamientos con todas las formas de
miseria que esto conlleva. No es solamente un hecho del cual todos somos
responsables, sino un escándalo de la injusta distribución de los bienes que
están originariamente destinados a todos.
Esta
situación se va incrementando cada vez más en los conurbanos de las distintas
ciudades, con la apropiación de terrenos públicos y privados, lo que ocasiona
un conflicto social entre las partes, creando además un grave problema de
urbanización. Estos lugares por lo general no son explotados para ningún
emprendimiento, lo que facilita estos asentamientos que irrumpen en forma
imprevisible, generando amplias franjas de población con un alto porcentaje de
N.B.I. y que no cuentan con ninguna infraestructura de servicios.
Agrava aún
más esta problemática, el hecho que poblaciones enteras son desplazadas del
lugar normal donde habitan para servir a proyectos económico-políticos de
discutible inspiración ideológica, en tales casos no se provee como se debiera
a la adecuada reinstalación de las personas y familias desplazadas.
CONFERENCIA EPISCOPAL
EN 2005
Sigue el documento eclesiástico:
La falta de
una política nacional fundada en una equilibrada distribución de las tierras
rurales, en el marco del predominio de una concepción utilitaria de la
propiedad como un bien de mercado y no como bien social, fue generando en el
país un fuerte proceso de concentración de la tierra. Este proceso, con casi
tres décadas de duración, continúa vigente y afecta principalmente a pequeños y
medianos productores. Esto es así debido a que el principal instrumento de
concentración no es tanto la ampliación de la frontera agrícola por ventas de
tierras fiscales, sino más bien la venta de tierras y derechos de posesión de
pequeños productores agrícolas empobrecidos a grandes corporaciones de
capitales, nacionales y extranjeras.
La
reducción del número de explotaciones agropecuarias constituye un claro
indicador del proceso de concentración. En efecto, entre 1988 y 2002 (últimos
dos censos rurales), el número de explotaciones agropecuarias (EAPs) registró
una reducción cercana al 20%, representando una disminución de 80.932 EAPs. En
igual sentido, se da una reducción de aproximadamente 63 mil explotaciones
agropecuarias con superficie de hasta cien hectáreas y de otras veinte mil
unidades con superficie de 100
a 500
hectáreas
En
conjunto, las explotaciones agropecuarias de hasta 500 ha registraron entre
1988 y 2002 una disminución de 5,7 millones de hectáreas. En consecuencia, se
evidencia un aumento de la superficie promedio de las explotaciones
agropecuarias que pasó de 470
ha en 1988
a 590
ha en 2002.
En el
desarrollo de este proceso intervinieron una serie de circunstancias entre las
que cabe considerar: a) el marcado endeudamiento que sufrieron los productores
agropecuarios a lo largo de la última década, en un momento en el que el
mercado compelía a incrementar el tamaño y la productividad de las
explotaciones agropecuarias, b) los efectos derivados de las estrategias de
grandes capitales de inversión que, a través del mecanismo de arrendamiento,
ejercían una fuerte presión sobre los pequeños productores y c) la elevada
presión que implicó, en muchos casos, la imposibilidad de seguir llevando
adelante las actividades productivas.
Como
resultado de estas tendencias, se evidencia una elevada concentración de las
tierras productivas. De acuerdo a la información provista por el último Censo
Nacional Agropecuario (CNA) de 2002, el 10% de las explotaciones agropecuarias
más grandes del país concentraba en ese año el 78% del total de las hectáreas
registradas, en tanto que el 60% de las explotaciones más pequeñas no llegaba a
reunir un 5%.
Las
dificultades de acceso a la tierra productiva y a su correspondiente titulación
constituyen dos problemas centrales -y estrechamente conectados entre sí- que
enfrentan cotidianamente los pequeños productores de nuestro país. Entre las
principales barreras institucionales que operan en ese sentido se destacan: a)
la falta de una legislación adecuada que limite la concentración de las tierras
rurales y que reglamente la apropiada asignación de las tierras disponibles y
b) la generalización de prácticas de corrupción que impiden el acceso ciudadano
a los derechos jurídicamente reconocidos.
Una de las
múltiples derivaciones del proceso de concentración de las tierras productivas
radica en la progresiva desaparición de pequeños productores, que como
consecuencia de la pérdida de las tierras explotadas se han visto obligados a
retirarse de la producción directa.
En la mayor
parte de los casos, estos productores se convierten en pequeños rentistas o en
trabajadores precarios de las áreas urbanas.
Si bien en
el marco de este proceso se ha extendido la proletarización de propietarios
rurales y comunidades agrícolas pobres, la población que habita en áreas
rurales se encuentra todavía fuertemente representada por la presencia de
pequeños y medianos productores (202.000). Tanto ellos como su grupo familiar
constituyen –según el CNA del 2002– el 64% de la población rural que reside en
las EAPs (792.000 personas).
Sobre la situación de los pueblos originarios el
mismo documento episcopal sostiene:
Históricamente,
las comunidades aborígenes fueron desplazadas a zonas geográficas marginales,
especialmente en el norte y el sur de nuestro país. Hoy sus territorios sufren
una nueva invasión: la expansión de las grandes empresas agrícolas, los
proyectos turísticos, la explotación de los recursos mineros, petrolíferos y
madereros de los bosques en las áreas de expansión de la frontera agropecuaria.
Estos
emprendimientos son decididos, planificados y realizados sin tener en cuenta a
los habitantes indígenas que viven en estas regiones y ejercen la posesión de
sus tierras desde tiempos ancestrales.
La mayoría
de estas comunidades se encuentran en estos territorios sin tener la seguridad
jurídica de un título de propiedad, y en porciones de tierras no aptas e
insuficientes para su desarrollo humano, contra el mandato de la Constitución
Nacional que, justamente, prescribe lo contrario. En el estudio realizado por
el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA se constata que:
Del total
de comunidades -unas novecientas aproximadamente en todo el país- dos tercios
de las mismas no cuentan con los títulos de propiedad de sus tierras.
El 70% de
las tierras ocupadas por las comunidades aborígenes relevadas se muestran
insuficientes y poco aptas para el desarrollo económico y social, y casi la
mitad de las comunidades comprendidas por el estudio se encuentran actualmente
privadas del acceso a la tierra o a algún recurso natural necesario para la
subsistencia y manutención del grupo.
Esta
significativa porción de comunidades que no tiene la seguridad jurídica de las
tierras que ocupan son susceptibles, por ese motivo, de presiones para que
abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para los emprendimientos
empresariales anteriormente citados. Estas presiones pueden tomar la forma de
acciones judiciales en las que, muchas veces, la justicia termina considerando
a los indígenas como intrusos en su propia tierra y ordenando su desalojo.
Estas lamentables situaciones, tanto en el norte como en el sur, se han
incrementado en estos últimos tiempos.
“Necesitamos ser Nación” expresa: “La
inseguridad ciudadana –que mueve multitudes– también tiene su origen en la
carencia de valores, pero advertimos de otra inseguridad que alcanza a muchos
hermanos nuestros: la de las familias campesinas, aborígenes y de algunos
sectores urbanos que no tienen acceso a la tierra o se les desconoce su
propiedad. Asimismo la venta indiscriminada de grandes extensiones en las que
se desmonta el bosque nativo poniendo en peligro al medio ambiente, casa común
en la que todos debemos vivir”
En este
sentido, en nuestra acción pastoral, hemos constatado que las dificultades que
padecen los pequeños y medianos productores para acceder al título de propiedad
se ven notoriamente agravadas en las comunidades aborígenes, especialmente en
cuanto a la falta de información sobre los derechos y normas legales, que
afecta no sólo a las comunidades sino también a funcionarios administrativos y
judiciales que desconocen la legislación vigente en cuanto a derechos
indígenas.
LA IGLESIA ARGENTINA Y
LA EXTRANJERIZACIÓN YA EN 2005
La cuestión
de la Extranjerización no es novedad en nuestro país ni en América Latina.
Representa un proceso de pérdida de soberanía y de recursos naturales, así como
de concentración de la tierra en capitales extranjeros. Se estima que este
fenómeno obedece, en gran medida, al endeudamiento de los pequeños y medianos
productores con el extranjero, y que, en suma, se ve favorecido por la falta de
ordenamiento legal por parte de la Nación y las provincias en lo referente a la
legislación sobre tierras.
FRANCISCO Y EL
PROBLEMA DE LA TIERRA
Se transcriben algunos párrafos del discurso papal en
Bolivia frente al Congreso de los Movimientos Populares:
Dios
permite que hoy nos veamos otra vez. La Biblia nos recuerda que Dios escucha el
clamor de su pueblo y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de Ustedes:
las famosas tres “t”, tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y
hermanas. Lo dije y lo repito: son derechos sagrados. Vale la pena, vale la
pena luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en América
Latina y en toda la tierra.
... ¿Reconocemos,
en serio, que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos
sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas
personas heridas en su dignidad?
...Si esto
es así, insisto, digámoslo sin miedo: queremos un cambio, un cambio real, un
cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los
campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no
lo aguantan los Pueblos… Y tampoco lo aguanta la Tierra, la hermana Madre
Tierra como decía San Francisco.
...La
distribución justa de los frutos de la tierra y el trabajo humano no es mera
filantropía. Es un deber moral. Para los cristianos, la carga es aún más
fuerte: es un mandamiento. Se trata de devolverles a los pobres y a los pueblos
lo que les pertenece. El destino universal de los bienes no es un adorno
discursivo de la doctrina social de la Iglesia. Es una realidad anterior a la
propiedad privada. La propiedad, muy en especial cuando afecta los recursos
naturales, debe estar siempre en función de las necesidades de los pueblos. Y
estas necesidades no se limitan al consumo. No basta con dejar caer algunas
gotas cuando lo pobres agitan esa copa que nunca derrama por si sola. Los
planes asistenciales que atienden ciertas urgencias, sólo deberían pensarse
como respuestas pasajeras, coyunturales. Nunca podrían sustituir la verdadera
inclusión: ésa que da el trabajo digno, libre, creativo, participativo y
solidario.
BELGRANO, LA
AGRICULTURA Y LA TIERRA
Belgrano
mostró tempranamente su preocupación por el rol subordinado de la agricultura
dentro una economía bonaerense rudimentaria, basada en el latifundio ganadero.
Para desarrollar la agricultura era necesario algún
reparto de la tierra.
Belgrano consideraba que la falta de propiedad de la
tierra desalentaba la productividad y era fuente de pobreza porque reducía la
disponibilidad de fuentes de trabajo. Para corregir esta carencia proponía
inducir esa distribución mediante impuestos a las tierras improductivas y
eventualmente confiscación, si estuvieran cercanas a los pueblos.
Efectivamente,
en pleno proceso revolucionario -junio de 1810-, decía que la situación de los
agricultores se debía a “la falta de propiedades de los terrenos que ocupan los labradores”. Éste era el “gran mal” de donde provenían
todas sus “infelicidades
y miserias, y de que sea la clase más desdichada de estas Provincias, debiendo
ser la primera y más principal que formase la riqueza real del Estado…”. Belgrano decía que había potentados en Europa
que no eran señores de tantas leguas de campo como en nuestros lares. Por ello,
para arraigar a una población en crecimiento e integrarla a la sociedad,
proponía que se allanara a los labradores el acceso a la propiedad de la tierra.
A MANERA DE EPÍLOGO
Es necesario
generar un millón de familias chacareras propietarias.
Lo anterior
será importante para producir los alimentos necesarios y que la sociedad no
pague, en sus precios, la renta latifundista. También para diversificar la producción
y terminar con el monocultivo sojero y para fomentar las economías regionales.
Es preciso tomar medidas contra la concentración de
la tierra. No es posible que el 2 por ciento de los terratenientes concentre el
50 por ciento de la tierra en la Argentina.
Es necesario un paquete medidas que hagan que se
pueda generar un modelo de producción totalmente distinto en la Argentina, que
no debe estar condenada a ser productora de cueros, de lana, de carne, de
trigo, ahora de soja, ahora, en una relación completamente dependiente con
China.
Si se fracciona la tierra, si se logra una ley de
arrendamiento que le dé estabilidad a una familia para estar cinco años, con
derecho a ocho en un mismo campo, esa familia va a poder proyectar vivir ahí,
mandar a sus hijos a la escuela, si se le rompe el tractor va a ir al mecánico
del pueblo”. Esto es la base de un verdadero Federalismo.
Allí entra en funcionamiento todo un mecanismo que
hace que se desarrolle la economía pero a su vez que haga que se termine con
esta situación enferma donde, hoy, el 50 por ciento de la población vive a 100 kilómetros del
Obelisco. Cuando se observa quiénes son los que se concentran en los cordones
de pobreza de las grandes ciudades, se advierte siempre con que son los
expulsados de los latifundios.
Lo anterior debe ir acompañado de un paquete de
medidas que realmente diferencie al pequeño productor, que no puede ser tratado
igual que un pool de siembra, sino con políticas diferenciadas.
Por último, un campo poblado de pequeños productores
es esencial para la Defensa Nacional. Ellos defenderán, de toda agresión
extranjera, palmo a palmo, su propia tierra, que es Argentina,
