¿UN PROYECTO DE LEY DE HIDROCARBUROS MÁS ENTREGUISTA QUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE?
Transcribimos trascendidos periodísticos
de la nueva ley de Hidrocarburos que promueve el gobierno. Si esto es cierto (y
parece que lo es) estamos ante el intento de dictar una ley aún más entreguista
que las vigentes. Recordemos que la actual ley de Hidrocarburos Nº 17319
data de la época de Juan Carlos Onganía, con algunos agregados de este mismo
gobierno como las conocidas como ley corta y ley larga.
Después de la creación de
ENARSA, tuvimos las llamadas leyes "larga" y "corta".
La Ley "larga", de
noviembre de 2006, otorga diversos beneficios a las empresas que se asocien con
ENARSA para la exploración y explotación de hidrocarburos.
Los beneficios son:
devolución anticipada del IVA; amortización acelerada de todos los gastos
activables e inversiones realizados en la etapa de exploración, y de las
inversiones realizadas en el período de explotación; los bienes pertenecientes
a los titulares de permisos de exploración y concesiones de explotación,
afectados a la exploración y explotación de hidrocarburos, no se toman en
cuenta a los fines del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; exención del
pago de derechos de importación por la introducción de bienes de capital, o
partes, o elementos componentes de dichos bienes, que no se fabriquen en el
país, necesarios para la exploración y explotación de hidrocarburos.
La ley "corta", de
diciembre de 2006, transfería a las provincias petroleras la posibilidad de
concesionar la exploración y explotación de los yacimientos de gas y petróleo.
De este modo, los cánones que antes cobraba el Estado Nacional y distribuía
entre todas las provincias, ahora quedarían exclusivamente para las provincias
petroleras.
En realidad, esta ley
"corta" completaba lo que había iniciado la ley de privatización de
YPF de 1992. Esta norma, transfería el dominio público de los yacimientos de
hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias en cuyos territorios se encuentren,
previa aprobación de otra ley que adaptara la Ley de Hidrocarburos (dictada por
Onganía en 1967) a esta "provincialización".
Finalmente, en mayo de 2012,
se expropió el 51% de las acciones de YPF, perteneciente a Repsol. A modo de
reaseguro, en la ley de expropiación se prohibió la transferencia futura de las
acciones expropiadas sin autorización del Congreso, votada por las dos terceras
partes de sus miembros (la misma mayoría que exige la Constitución Nacional
para destituir al residente, a los ministros, o a los jueces de la Corte).
Sin embargo, la misma ley se
encarga de aclarar que YPF continuará operando como sociedad anónima abierta,
no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que
reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en
las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación.
En otras palabras: puede
contratar libremente con quien quiera, como quiera, cuando quiera, por los
montos que quiera, sin estar sujeta siquiera a los controles meramente formales
de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación.
Los trascendidos demuestran
que, como en otras ramas de la política nacional, el Gobierno ha decidido
parecerse a lo que es, más allá de los relatos cada vez más descascarados: Un
Gobierno Gerente de la dependencia y la entrega del patrimonio nacional, entre
otros el patrimonio petrolero.
Próximamente (y con más información)
haremos un análisis crítico de este nuevo Proyecto Oficial.
EL INVERSOR ENERGÉTICO Y
MINERO – 11-06-2014
Como nunca antes en más de una década, el Gobierno enviará en las
próximas semanas al Senado un proyecto de ley que otorga mayores flexibilidades
a las empresas. Así lo acordó el lunes en una reunión cumbre con de la
presidenta Cristina Kirchner los gobernadores de la Ofephi, que reúne a las
provincias productoras de hidrocarburos, y la primera plana de su Gobierno.
El Inversor Online tuvo acceso al borrador redactado por Carlos Zanini,
secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, que fue difundido entre los
gobernadores. La intención del Ejecutivo es firmar el documento el lunes
próximo.
A continuación, los puntos más salientes del acuerdo, que contempla seis
ejes centrales.
Sobres los plazos de exploración y explotación en función de los
diferentes tipos de yacimientos, el proyecto de Ley –que deberá ser aprobado
por el Congreso Nacional y ratificado por las Legislaturas provinciales-
establece que:
“En cuanto a los permisos de exploración, la reducción de su
plazo básico, la revisión de las condiciones de renovación y la distinción en
el plazo de duración de cada período según el tipo de permiso del que se trate
(convencional, no convencional, plataforma continental y mar territorial)”
“En lo que se refiere a las concesiones de explotación, se
mantiene el plazo de 25 años para la explotación convencional, en tanto se
extiende el plazo para la no convencional a 35 años y en aguas profundas a 30
años, previéndose una prórroga de 10 años
para todos los casos”
Con respecto al mantenimiento de la alícuota de regalías y a los aportes
de la industria en el marco de grandes proyectos de desarrollo, el documento
difundido entre los mandatarios de la Ofephi establece que:
“Las provincias actuarán en cuanto titulares del dominio sobre
los hidrocarburos y en su carácter de autoridades concedentes en los términos
de la Ley 26.197, reconociéndose a las regalías como único mecanismo de percepción
de la renta petrolera….se instrumentarán medidas con el propósito de favorecer
el aumento de la recaudación con tales regalías mediante el incremento de las
inversiones”
En cuanto al tercer punto del acuerdo, que aspira a legislar sobre los
mecanismos de adjudicación de áreas por licitación competitiva, el borrador
redactado por Zanini regula que:
“Las partes (por la Nación y las provincias) propiciarán de común
acuerdo los términos de pliegos modelos de modo tal de lograr uniformidad en
los pliegos entre las diferentes jurisdicciones…”
“Con relación a las reservas de áreas a nivel provincial y
nacional, se tenderá a su eliminación en el futuro, mientras que las existentes
serán concursadas mediante procesos públicos y competitivos…Las participaciones
de empresas en las que los firmantes tuvieran el control, en áreas reservadas o
en los contratos de explotación o exploración referidos a tales áreas, serán
renegociados de forma bilateral por las empresas participantes y/o socias y las
empresas titulares de las áreas reservadas, de modo tal de lograr una
reasignación recíproca de participaciones proporcional a las inversiones
efectivamente a cargo de cada una de las partes”.
Sobre el cuarto punto, que regulará programas fiscales y tributarios
provinciales y municipales, homogéneo y estables, el proyecto indica que:
“Se promoverá un régimen especial para la importación de bienes
de capital e insumos no producidos en el país especificados en el decreto
927/13”
“Respecto a los impuestos provinciales, se tenderá al
establecimiento de la alícuota de Ingresos Brutos homogéneo en un 3%”
En función de los mecanismos promocionales para grandes inversiones de
empresas nacionales e internacionales, se establecerá que:
“De conformidad con la incorporación legal del régimen previsto
en el decreto 929/13, se extenderán los beneficios allí previstos para
proyectos a partir de los US$ 250 millones”
En post de adoptar estándares mínimos comunes en materia medioambiental
para una explotación sustentable, se fijará que:
“Se procurará a la unificación de los estándares de protección
ambiental para la industria hidrocarburífera y a la adopción de un régimen
uniforme en todo el país”
CLARÍN – 11-06-2014
TAMBIÉN BAJARÍAN DE US$ 1.000 A 250 MILLONES LA
INVERSIÓN NECESARIA PARA ACCEDER A VENTAJAS
Más
beneficios a petroleras: darían contratos por 35 años
Es parte de los cambios previstos por
el Gobierno para hidrocarburos no convencionales.
Por MARTÍN BIDEGARAY
Un día después de la reunión de la Presidenta y los gobernadores de las
provincias petroleras, empiezan a salir a la luz algunos detalles de la ley que
impulsa el Gobierno con el objetivo de darle mayores beneficios a las
empresas y así atraer inversiones en hidrocarburos. Los mandatarios se
llevaron los lineamientos y prometieron volver el próximo lunes con sus
aportes.
Entre los principales cambios que se introducirían sobresale la
extensión de los plazos de las concesiones en los yacimientos no
convencionales; ventajas impositivas a las petroleras a cambio de inversiones;
y el desplazamiento de las empresas provinciales en las próximas licitaciones,
contrariando la postura que adoptó Mendoza hace unas semanas y que venía
proclamanado el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag.
En la actualidad, las concesiones petroleras son por 25 años, con una
opción a 10 adicionales a voluntad de las provincias. La nueva regla que
propone el Ejecutivo es que las concesiones duren 35 años para los yacimientos
no convencionales y 30 años para los offshore . Las provincias
seguirían conservando la posibilidad de prolongar los contratos por una década.
Los yacimientos convencionales en operación no sufrirían modificaciones.
La extensión del plazo (por 10 años) está en el borrador que recibieron los
gobernadores. Allí no se menciona la década adicional que las provincias ya
pueden sumar, pero habría quedado implícito en el diálogo entre los
gobernadores y el Ejecutivo.
La extensión en los plazos evitaría que las empresas tengan que buscar
aprobación de las legislaturas provinciales. Para la unión entre YPF y Chevron,
Neuquén tuvo que votar una extensión de ese contrato por 15 años (vencía en
2027, se estiró a 2042). La nueva ley haría que todas las concesiones de Vaca
Muerta –por ser “no convencionales”– caduquen en 2037.
El decreto 929/2013 –que abrió las puertas a la unión entre Chevron e
YPF– autorizaba a las firmas que invertían US$ 1.000 millones durante 5 años a
exportar hasta 20% de su producción sin pagar retenciones y disponer de esos
fondos.
El Gobierno está bajando ese parámetro a US$ 250 millones.
El rol de las empresas provinciales –el “acarreo” (carry) o que puedan
participar de proyectos sin invertir– también quedó bajo fuego. Y ayer hubo
revuelo. “El Gobierno quiere debilitar a las provincias”, criticó el intendente
neuquino, Horacio Quiroga. Cerca del senador Guillermo Pereyra habría decepción
por el rol de Sapag. Y cerca del gobernador cambiaron de opinión. “Parece que
está resignando cosas pero la verdad es que la propuesta del Gobierno e YPF no era
tan dura. Lo del carry no es necesariamente clave”, afirmaban. Sapag se pasó
las semanas anteriores diciendo que “Exxon y Shell aceptan el acarreo
provincial”.
Informes: Claudio Andrade (Neuquén) y Roxana Badaloni
(Mendoza)
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