Indefensión e inseguridad
Santa Cruz y después
Por Eduardo Mariano Lualdi
Luego de la participación de miembros del Ejército
Argentino en el dispositivo represivo liderado por el Coronel Sergio Berni,
para desalojar a ocupantes de tierras en reclamo de solución a sus problemas
habitacionales en Santa Cruz, el conjunto de la clase dirigente argentina
discurseó sobre los alcances y límites que impone la Ley de Seguridad. La
participación militar en acciones internas de represión suscita en los miembros
de las FFAA enormes resquemores y rechazo, y ponen en duda que el gobierno
finalmente decida reformar dicha ley para darle marco legal a lo que ya es
parte de su política militar: la participación de miembros de las FFAA en
reemplazo de Gendarmes y policías en tareas de seguridad. Las misiones al
exterior, especialmente la ocupación colonial de Haití, han sido la gran
escuela en que los militares argentinos cumplieron funciones de policía el
servicio de potencias extranjeras. Triunfo de la política de la dupla
Menem-Balza que los Kirchner continuaron desde el 2003 a la fecha.
¿Qué cambios estructurales se le puede adjudicar al
oficialismo gobernante y que expresan la continuidad sustancial de las
políticas impuestas desde junio de 1982, luego de la derrota argentina en la
guerra nacional de Malvinas? Por un lado, la política de indefensión nacional
frente al imperialismo y el colonialismo, y que permite que Inglaterra se
asegure la colonización de vastos territorios argentinos incluido el Sector
Antártico Argentino. El arribo de un buque de bandera británica, una plataforma
petrolera, la más grande y moderna del mundo, solo ha merecido el silencio
oficial del gobierno argentino, mostrando una vez más al mundo la incapacidad
argentina para defender su soberanía y su patrimonio. Al mismo tiempo, la
Argentina desistió de participar del ejercicio militar aéreo más importante de
la región. Un faltazo que desnuda la verdad sobre el estado de las capacidades
defensivas argentinas.
Y por otro lado, la política de inseguridad
nacional que afecta gravemente al conjunto de la ciudadanía, especialmente los
sectores más postergados, y que tiene en el narcotráfico y la trata de personas
para la esclavitud sexual y laboral dos de sus más repugnantes negocios. Son
las décadas de las reformas que transformaron a la Argentina en una
republiqueta sojera, minera, con industria de armado, pagadora serial a la
usura internacional, y en un país de tránsito, producción y consumo de
estupefacientes, asolados por la trata de personas para la esclavitud sexual o
laboral.
La reconstrucción de la Doctrina de Seguridad
Nacional bajo el formato que el oficialismo le va dando desde el 2003 a la fecha, cuando
pactó con los demás sectores gobernantes recauchutar el Estado de la entrega y
la sumisión nacional, reconoce un viraje fundamental con la unificación del
mando militar efectivo de las tres fuerzas armadas (Ejército, Armada y Fuerza
Aérea), y de las fuerzas de Frontera que cumplen roles de seguridad
(Gendarmería y Prefectura) y de fuerzas de seguridad (Policía Federal y Policía
de Seguridad Aeronáutica y Servicio Penitenciario Nacional), bajo la conducción
de un sistema de inteligencia interna comandado por el Gral. de División César
Milani.
Este sistema de indefensión ante el imperialismo y
el colonialismo y de inseguridad contra la población estructurado por el
oficialismo gobernante, se integra con la Ley Antiterrorista, los diversos y
profusos “Proyecto X” de espionaje a dirigentes opositores, el sistema de
vigilancia interna SIBIOS, etc. De esta estructura dijo Julián Assange, el
hombre público detrás de wikileaks, Argentina tiene "el régimen de vigilancia más agresivo de todos los Estados
latinoamericanos de tamaño mediano".
El sistema de indefensión nacional y el sistema
represivo de inseguridad interna, son parte esencial de la política del
gobierno kirchnerista; entre ambos sistemas existen numerosos vasos
comunicantes que imbrican a las fuerzas militares, el sistema judicial y las
estructuras políticas, e involucran también fuerzas paraoficiales, con
capacidad de realizar acciones destinadas a vulnerar los derechos y las libertades
más básicos de la ciudadanía. El asesinato del líder qom Mártires López en
Chaco, así como la desaparición forzada de mujeres para la esclavitud sexual
que nunca puede evitarse ni desterrar, son claros ejemplos de ello.
El narcotráfico y la trata de personas para la
esclavitud sexual y laboral (el narcoestado) manifiestan, por su casi completa
impunidad, su condición de eslabón de fuerzas organizadas como quasi grupos de tareas, capaces de
actuar en contra del interés nacional y del pueblo de modo más o menos
encubierto, en el momento que sus servicios sean necesarios para las minorías
gobernantes. El atentado a la casa del Señor Gobernado de Santa Fe Dr.
Bonfatti, puede ser ejemplo a considerar en esta hipótesis.
El oficialismo kirchnerista ha posibilitado con sus
políticas de indefensión nacional y de inseguridad ciudadana, el propósito
decidido por las potencias imperialistas mundiales, especialmente de parte del
Reino Unido de Gran Bretaña luego de la “osadía” argentina de atreverse a
enfrentar en el terreno militar al usurpador inglés, la destrucción de todo el
sistema de defensa nacional y la reinstalación de la Doctrina de Seguridad Nacional (en su “remozada” versión
nac&pop), para castrar toda posible confluencia independentista. CIADI,
Club de París, arrumacos con los fondos que eran buitres pero tornan a cálidas
calandrias, la profundización del modelo definido por el oficialismo gobernante
con la anuencia de muchos “opositores”, temerosos de los caminos que el pueblo
pueda encontrar en su búsqueda de libertad e independencia.
Ese pueblo tiene espejo donde mirarse: aquellas
memorables jornadas de 1806 y 1807 que resultaron la antesala del mayo
revolucionario, que en su Primer gobierno patrio supo unir todos los esfuerzos
necesarios para poner de pie a una nueva y gloriosa nación.
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