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viernes, 6 de septiembre de 2013

Algunas cuestiones sobre el tema de la inseguridad Por Eduardo Mariano Lualdi

Algunas cuestiones sobre el tema de la inseguridad

Por Eduardo Mariano Lualdi

6 de septiembre de 2013

La imagen de decenas de Gendarmes durmiendo amontonados tirados en el suelo es más que elocuente. Su traslado fue dispuesto por el gobierno nacional a través del ministerio de Seguridad atendiendo a la debacle electoral del 11 de agosto próximo pasado. Nada tiene que ver con el problema de la seguridad que afecta a la ciudadanía.
En octubre de 2012, la política salarial y de orientación del gobierno nacional para las actividades de las fuerzas de frontera, provocó una huelga que involucró a Gendarmes y Prefectos. Luego sobrevinieron los pases a disponibilidad y los retiros en castigo por la rebeldía. Esa fractura no se ha resuelto.
Tiempo antes se hizo público que el gobierno nacional ordenó a la Gendarmería la ejecución del llamado Proyecto X de persecución a dirigentes populares. Era entonces ministro de Seguridad la Dra. Nilda Garré.
El Proyecto X plenamente vigente, (o cualquiera de sus sucedáneos dedicados a la persecución de dirigentes opositores), se complementa con el sistema SIBIOS de control de la población y con la Ley antiterrorista impulsada por Néstor y Cristina Kirchner. De ese modo quedó al desnudo la verdadera orientación a la labor de las fuerzas de frontera concentradas en el Gran Buenos Aires como fuerza policial y represiva de elite bajo el mando del Coronel Sergio Berni, un oficial en actividad del sistema de inteligencia militar cuyo jefe máximo es el actual Jefe de Estado Mayor del Ejercito Argentino Gral. de Brig. César Milani.
Desde que se implementa el llamado Operativo Centinela, las fuerzas de fronteras han sido redistribuidas en el Gran Buenos Aires abandonando su misión específica de custodia de la soberanía en las amplias fronteras de la patria. El gobierno nacional hace mucho que viene promoviendo el desguarnecimiento de las fronteras nacionales como política de Estado. Se trata de la conjunción de dos elementos: el sistema de indefensión y el sistema de inseguridad. Estos son los dos componentes de la política militar promovida por el gobierno de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner. La indefensión se refiere a las potencias colonialistas, como Inglaterra, que gozan de impunidad efectiva absoluta. Salvo en los discursos y en cierta actividad diplomática, la destrucción del sistema de defensa nacional le garantiza a la potencia ocupante absoluta impunidad. Junto a esto, el desarrollo de la política de Menem-Balza de envío de contingentes de militares, gendarmes y prefectos en misiones al exterior, garantiza la formación de estos en actividades de policía interna. Lo que no se puede ejercer en territorio propio, se estimula que se aprenda en esas misiones.
La inseguridad se refiere a las condiciones de vida interna de la ciudadanía, que padece en sus sectores más empobrecidos y laboriosos el flagelo de una delincuencia estructurada desde los pliegues más profundos del propio aparato estatal corrompido de modo terminal. El sistema estatal argentino está en descomposición.
La actual campaña de “seguridad” lanzada por el Ejecutivo Nacional es solo escenografía, estamos asistiendo es a una mise en scène de cara a la nueva ronda electoral de octubre.
La cuestión de la inseguridad, está íntimamente unida al problema de la pobreza. La Argentina tiene índices de pobreza reales del 30%. A la falsificación de las cifras del INDEC que procura esconder los verdaderos niveles de pobreza que aquejan a la Nación –una medida estrictamente propagandística- el gobierno nacional le suma el trabajo de verdadera quintacolumna de los grupos nucleados en Unidos y Organizados para garantizar que esa masa empobrecida sirva de tropa de maniobra para los planes políticos, económicos y militares de uno de los sectores oligárquicos en pugna: el kirchnerismo. La fuerzas políticas capitaneadas por el banquero Heller, Milagro Sala, Luis D'Elía, Edgardo Depetri, Navarro, Pérsico, etc., prestan este servicio a diario con el fin de consolidar como grupo principal, al sector sojero, megaminero, petrolero, financiero, del juego y de negocios sucios que representa el kirchnerismo.
Se repite a menudo que en Argentina se perdió la cultura del trabajo; erróneo, lo que se perdió es el trabajo. Los cambios en la producción han traído como consecuencia la presencia de un verdadero ejército de desocupados pero de condición estructural.
Ya hay en la ciudad de Buenos Aires, tres camadas de habitantes que nunca trabajaron y nunca tuvieron una vivienda medianamente digna; abuelos, padres e hijos nacieron y se criaron en situación de calle, sin ningún tipo de contención social.
La destrucción de la Argentina tecnológica, científica e industrial que provocó el llamado “Proceso” militar desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, destrozó las bases de esa Argentina que supo tener su propia empresa estatal de petróleo, YPF, Somisa, Altos Hornos Zapla, etc., y que desarrolló y produjo el vector Cóndor y estaba en condiciones de desarrollar su propio submarino nuclear. Era una Argentina dependiente, pero conservaba ciertas autonomías en esferas de la producción en la industria estratégica y en la industria pesada, por citar unos ejemplos, que le permitieron obtener a la ciudadanía condiciones de vida muy importantes.
Tampoco padecía el flagelo de la deuda externa, herencia del “Proceso”, potenciada por Alfonsín y por Menem. Hoy, de acuerdo a los guarismos oficiales, la deuda pública asciende a más 197 mil millones de dólares.
De esa Argentina industrial, tecnológica y científica poco o nada queda en la actualidad; el Proceso cumplió sus objetivos de devolver a la Argentina a su “estado pastoril” de 1943, respondiendo a uno de sus principio fundacionales impuestos por la dupla Videla-Martínez de Hoz. Este proceso fue continuado y profundizado por los gobierno de Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner. En la actualidad “nuestra gloriosa Nación fue convertida en una republiqueta sojera, minera, petrolera, pesquera, etc.” (…) “un esquema de armaderos de factorías coloniales, en un país primarizado”. (Editorial CUADERNOS para el encuentro en una nueva huella argentina Nº 42).
Como señalamos líneas arriba, la desocupación en la Argentina no es coyuntural, no se trata de aquel ejército de desocupados que opera como un ariete sobre el trabajador ocupado para impulsar su salario a la baja y cuya composición disminuye o aumenta de acuerdo a las necesidades del mercado laboral. Esa desocupación se ha vuelto estructural y reclama soluciones también estructurales.
Hay abundante mano de obra libre y barata para constituir legiones de dealers y una vasta red de delincuencia amarrada fuertemente al poder político, de seguridad, jurídico, etc., preexistente. Es una verdadera política de Estado que une la política, el sistema represivo, el judicial y la delincuencia en una compleja amalgama del poder en Argentina.

La década del 90
Para analizar la cuestión de la inseguridad debemos remontarnos a la década del 90. El menemato fue el paraíso para la extranjerización del patrimonio nacional. Se privatizó casi todo, los grupos extranjeros compraron una buena parte de nuestras industrias y se produjo una concentración de la propiedad de la tierra tanto para su destino productivo como para vivienda, de modo escandaloso. Fue un enorme negocio en particular para el lavado de dinero proveniente de diversos delitos. Menem liquidó el sistema de seguridad de las tierras de frontera que regía desde 1943. Al privatizar las fronteras hubo piedra libre para la penetración de grupos mafiosos hasta niveles capilares. Se transformó la Argentina en un paraíso de las inversiones extranjeras. Junto a la desocupación, el hambre y la flexibilización laboral, creció la privatización de la seguridad, y con ella la insoportable inseguridad ciudadana.
La década de 90 desembocó en la crisis del 2001. La desocupación generó millones de pobres, más del 50% de la población argentina se vio sumida en la pobreza más abyecta. Fueron momentos en que se multiplicó la mano de obra lumpen para esclavizar con el delito y la distribución de drogas. Esta situación produjo cambios profundos en todos los ámbitos sociales, desde la clase trabajadora hasta sectores acomodados y de alto poder adquisitivo. En las fábricas se instalaron ejércitos privados en los propios lugares de trabajo que garantizaban controlar a sus trabajadores y se multiplicaron las  instalaciones de cámaras de seguridad en cualquier ámbito público o privado junto a verdaderas legiones de custodios. Muchos desocupados que necesitaban imperiosamente un trabajo que les permitiese sobrevivir con sus familias, o personal retirado de las FFAA y de las FFSS que percibían salarios, pensiones o jubilaciones miserables, fueron reclutados por esas agencias privadas de seguridad con salarios ínfimos y la imposición de largas jornadas de trabajo. Muchas mujeres fueron incorporadas a estas labores.
Durante el breve gobierno de De la Rúa y el interregno de Duhalde, la Argentina dejó de ser un país de tránsito para convertirse en un país de tránsito, consumo y producción de droga. Fue un cambio estructural. Se generalizó la cocina del paco, resaca de la cocaína, verdadero flagelo que mata a nuestros jóvenes. Es entonces que se van asentando los carteles en territorio nacional.

La década “ganada”
Desde el año 2003 la situación viró dramáticamente. La existencia de una aerolínea dedicada al tráfico de cocaína, Southern Winds, cuya hoja de ruta era Tacna-Córdoba-Buenos Aires, evidenció que el negocio del narcotráfico revestía carácter sistémico y era del orden estatal. Años después otro escándalo conmovía a la opinión pública: en Barcelona, fue detenido un avión argentino con una tonelada de cocaína en el aeropuerto de aquella ciudad española. Sus pilotos eran argentinos (aunque uno de ellos fue exculpado por la justicia española), y su ruta había sido Morón-Ezeiza-España, el evento mostró un aceitado sistema de comercialización de estupefacientes y de impunidad estatal argentina.
La droga penetró capilarmente en los barrios pobres, las villas, las ciudades urbanas y rurales; creció “el paco”, avanzó el consumo de marihuana y la producción de efedrina, que es base para la metanfetaminas -cuyo negocio principal lo hacen los cárteles mexicanos-, y dio un nuevo salto la inseguridad, reflejo de la presencia y la lucha de distintos carteles de la droga
El crecimiento enorme de los negocios de la droga, la trata, el juego, los casinos, etc., ha ido de la mano del crecimiento de los grupos privados de seguridad e inteligencia (consultorías). Son diversos grupos que han penetrado profundamente en el Estado, cada uno de ellos con vinculaciones con diversos sectores del aparato de seguridad, judicial y político. Dejan territorios liberados para sus negocios y disputan por el control de los mismos.
La sostenida defensa de los prostíbulos en Santa Cruz de parte del diputado oficialista Rubén Contreras, no es un exabrupto de un “cavernícola” sino el sinceramiento de una lucrativa actividad santacruceña basada en la trata de personas. Contreras hizo luz sobre una de las cuestiones capitales de los negocios espurios en Santa Cruz y en la Argentina: la trata de personas para la esclavitud sexual. Ya se había hecho público el tema de la exportación de droga a través de cargamentos de pesca desde puertos de Chubut y de la propia Santa Cruz, lo que cierra el modelo extrativista, de factoría que se impuso en nuestra Nación junto a una corrupción intrínseca del aparato estatal municipal, provincial y nacional.
Finalmente, han aparecido propuestas para incorporar 6.000 voluntarios del Ejército Argentino para destinarlos a la frontera norte. Reiteramos: “Las propuestas de involucrar a las FFAA en el llamado “Escudo Norte”, como parte de este “cambio de paradigma” para las FFAA o en cualquiera de las supuestas iniciativas de lucha contra el narcotráfico, son nefastas y arrastrarán independientemente de la voluntad de sus actores a comprometer e imbricar a las fuerzas militares en el narcotráfico. Este fue el camino de Colombia y México que están sumidas en la lucha por el control de los recursos multimillonarios de la droga, la trata de persona y el contrabando de armas, y que ha sumido a sus pueblos en horribles padecimientos.” (Editorial CUADERNOS para el encuentro en una nueva huella argentina Nº 42)


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