El narcotráfico: una institución estatal. Por Eduardo Mariano Lualdi

Para resolver la cuestión del narcotráfico es necesario romper el nudo gordiano de la dependencia argentina

El narcotráfico: una institución estatal

Por Eduardo Mariano Lualdi

El escándalo político que desató la denuncia que involucraría al jefe de gabinete Dr. Cr. Aníbal Fernández con el triple crimen de Gral. Rodríguez (provincia de Buenos Aires) y el tráfico de 40 toneladas de efedrina exportados desde Argentina a México bajo los mandatos de los Dres. Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y que podría explicar ese triple crimen (exportación y crimen son el fondo de la cuestión), solo ha reafirmado lo que venimos analizando en el FPyP desde hace ya largos años.

La cuestión del narcotráfico ha merecido varios pronunciamientos del Episcopado argentino y forma parte de las principales preocupaciones del papa Francisco sobre el futuro de la Argentina.

El narcotráfico es una institución del Estado. Por eso definimos al Estado argentino como un narcoestado. Solo desde el Estado se puede garantizar la jugosa exportación de 40 toneladas de efedrina a otro país, o, por solo dar un ejemplo, liberar las fronteras del control de las fuerzas especialmente entrenadas para ello, facilitando así la profunda penetración e instalación de distintos carteles en el territorio nacional. El narcotráfico y la trata de personas para la esclavitud sexual y/o laboral asociada a él, devienen en una efectiva política de Estado.

Se trata de una modalidad “argentina” del narcoestado, diferente por razones políticas, económicas, sociales, militares e históricas, de los narcoestados de Colombia o México, o cualquier otro, y que responde a la particular condición de Argentina como país carente de independencia real y con parte de su territorio ocupado por una potencia militar extranjera; en el que todas las potencias mundiales se disputan el dominio de nuestra nación por su ubicación estratégica y sus vastas riquezas naturales.

No hay ninguna posibilidad de que el fenómeno del narcotráfico y la trata de personas para la esclavitud sexual y/o laboral asociada a él, se lo pueda entender y menos combatir, sino se comprende que, como toda institución estatal de un país dependiente, se trata justamente de una manifestación de esa dependencia, y que su organización se da a partir del control de ciertas palancas claves de la organización estatal existente. Se organiza de arriba para abajo, y nunca es el resultado de la lenta penetración de bandas de narcotraficantes que “seducen” policías, políticos, jueces, etc. Como dijo el Gral. Perón, siempre “el pescado siempre se pudre por la cabeza”.

Como cualquier fuerza delictual regular o irregular es verticalista, su organización se da a partir de un “estado mayor” que se establece desde el poder estatal hacia el conjunto de la sociedad, penetrando capilarmente en todos los estamentos sociales y ejerciendo un efectivo control territorial en el que se van asentando los carteles dirigidos por verdaderos señores de la guerra. Su objetivo central es la juventud: destruir el futuro argentino, transformándonos en un supuesto “Estado fallido”, que justifique todo tipo de intervención contra nuestro país.

Políticos, jueces, policías, funcionarios estatales del más alto rango, etc., constituyen esos “estados mayores”, detrás de los cuales se mueve una u otra potencia imperialista. Son los perduelis de la actualidad, los cipayos que, además de organizar la política, la economía, las finanzas, etc. – para garantizar la actual situación de postración y sumisión nacional –, organizan la actividad delictual estamento por estamento, provincia por provincia, municipio por municipio, localidad por localidad. Son los cipayos que viajan a EEUU, el Reino Unido, China, Rusia, etc., y se ofrecen como los constructores y garantes de “acuerdos estratégicos” que involucran a la Argentina en los intereses imperialistas y colonialistas de esas potencias mundiales, incluido, obviamente, el jugoso negocio del narcotráfico y la trata de personas para la esclavitud sexual y/o laboral – que mueve más de 700 mil millones de dólares al año –, a expensas de la vida misma de nuestros compatriotas.