LA TIERRA PARA EL QUE LA TRABAJA Y PARA VIVIENDA DIGNA. El Mangrullo Argentino

LA TIERRA PARA EL QUE LA TRABAJA Y PARA VIVIENDA DIGNA

El latifundio, un pilar de Argentina dependiente, y la necesidad de la Reforma agraria para generar un millón de chacras y para la Defensa Nacional

El Mangrullo Argentino

 Y cada uno, repitámonos desde el corazón: ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una venerable vejez. Sigan con su lucha y, por favor, cuiden mucho a la Madre Tierra. PAPA FRANCISCO

El término latifundio refiere a las grandes extensiones de campo que poseen algunos propietarios territoriales. Estos son los terratenientes que, por el mero hecho de ser los dueños de un recurso limitado e irreproducible como es la tierra –imprescindible para la producción primaria (agropecuaria, forestal, minera, etc.)–, exigen un canon o renta para permitir su uso.

La producción agraria, para poder realizarse, requiere de tierra, además de trabajo y de capital. Y la tierra, aparte de ser imprescindible para poder producir, es un bien limitado en el espacio y no reproducible como otros medios de producción, lo que otorga a sus propietarios un poder social especial. El monopolio de esta propiedad permite a sus dueños, por el solo hecho de ser tales –independientemente de que inviertan en el campo o que recurran a arrendatarios o contratistas–, obtener un ingreso extra: la renta de la tierra.

Este monopolio hace que los latifundistas obtengan así enormes beneficios, sin tener que ser ellos los que necesariamente tengan que trabajar o poner capital en el campo; y si ponen algún capital no van a querer dejar de sacar, aparte de la ganancia correspondiente a ese capital, su renta como propietarios de la tierra.

Esa renta latifundista la paga en el precio de los productos, el conjunto de la sociedad.

La extranjerización de la tierra que ocurre en Argentina, además, provoca que esa renta sea también un desangre y descapitalización del país. Beneton, que declara 900.000 ha en la Patagonia, es una muestra de ello. Las tierras de la Corona inglesa también. El gobierno actual, como otros anteriores, es beneficiario y promotor de la concentración de la tierra en grandes latifundios: En los 243.943 Km2 de extensión que tiene Santa Cruz, el empresario K Lázaro Báez se posicionó como el principal terrateniente. Adquirió en ocho años 25 estancias que equivalen a unas 400.000 hectáreas, esto representa la mitad de las tierras que posee Luciano Benetton, el principal propietario en la Patagonia, como se dijo, con 900.000 hectáreas.

Los productores que no tienen tierra, para poder acceder a la misma, tienen que dar cuenta de esa renta, en el precio de la tierra. Sea comprándola o arrendándola. Así el dinero que tengan que adelantar para la compra o el arriendo, deja de pertenecerles, pasa a ser la renta del terrateniente. Y para poder producir: para sus máquinas, la semilla, los fertilizantes, etc., necesitan otro dinero. Con este dinero y su trabajo, y el trabajo de sus asalariados cuando los tengan, tienen que sacar suficiente como para obtener un beneficio propio y la renta para el terrateniente.

Todos los imperialismos que nos explotaron y explotan buscaron siempre asociarse con los terratenientes argentinos. Nunca impulsaron la liquidación de las trabas precapitalistas generadas por el origen feudal y semifeudal, colonial, de ese latifundio. Así pasó y pasa con los distintos imperialismos que se disputan nuestro país. La asociación económica y política entre imperialistas y terratenientes -con distintas formas- fue y es una de las claves de la dependencia nacional. Una de las condiciones para el dominio imperialista de la Argentina fue y es preservar la propiedad latifundista. Es imposible pensar en resolver la desocupación, el desarraigo campesino, el hambre, un desarrollo autónomo y la independencia nacional (y la Defensa Nacional) sin una reforma agraria que termine con el latifundio. Menos aun pensar en la democratización de la sociedad argentina.

¿DE DÓNDE SALE LA RENTA?

La renta puede tener distintas formas, puede ser mayor o menor según la calidad de la tierra o su distancia del mercado, pero siempre su razón de ser es el monopolio de la propiedad sobre la tierra: un bien que es limitado en el espacio e irreproducible, que le da "derecho" al propietario a apropiarse de todas las rentas: no solo la que surge por diferencias en la calidad o distancia de los mercados de las tierras sino, además, la que surge de las que son de menor calidad o están a mayor distancia de los mercados, pero que son también requeridas para la producción. Porque la tierra no solo está limitada en el espacio sino que también está limitada por la propiedad, y para poder acceder a ella es necesario dar cuenta de la renta.

La tierra, como bien natural, no tiene un valor en sí. Se va a obtener un valor de ella si se la pone a producir: el valor no surge de la tierra misma sino del trabajo y del capital aplicados sobre ella. Pero al ser un bien apropiado, no libre como el aire o la lluvia, el propietario, por el hecho de ser tal, por tener el monopolio de un bien limitado en el espacio e irreproducible no la va a poner o dar en producción, sino saca un beneficio. Y ese beneficio solo puede salir de la producción, de la mayor explotación de los obreros y aparceros o de un mayor precio en el mercado de lo que cuesta esa producción.

Puede ser que en algún caso se pueda obtener esa renta de ese mayor precio, pero con los monopolios que existen en la comercialización e industrialización de la mayor parte de los productos del campo, es muy difícil pensar que los precios del mercado, salvo momentos excepcionales, estén muy por encima de los costos de producción. Entonces, en lo fundamental, más en el caso de un país dependiente como el nuestro, que no tiene precios mínimos sostén ni subsidios a la producción, tiene que salir, y sale, de la mayor explotación de los obreros rurales y aparceros e incluso del recorte de ganancias, o de la descapitalización, de los contratistas o arrendatarios empresarios.

Por eso el tema de la tenencia de la tierra, es un problema básico para todos los verdaderos productores del campo, en primer lugar para los obreros rurales y aparceros porque determina su superexplotación, pero también para los campesinos con poca tierra y para los contratistas y arrendatarios en general, como para la economía del país en su conjunto.

REFORMA AGRARIA SEGÚN WIKIPEDIA:

Reforma agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra. Las reformas agrarias buscan solucionar dos problemas interrelacionados, la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños (latifundismo) y la baja productividad agrícola debido al no empleo de tecnologías o a la especulación con los precios de la tierra que impide o desestima su uso productivo.

Las formas de cambiar la tenencia de la tierra son por medio de la expropiación de la tierra sin indemnización o mediante algún mecanismo de compensación a los antiguos propietarios. Generalmente los resultados sociales son la creación de una clase de pequeños y medianos agricultores que desplazan la hegemonía de los latifundistas.

REFORMA AGRARIA ARTIGUISTA

En lo que actualmente es la República Oriental del Uruguay a principios del siglo XIX, entonces llamada Banda Oriental, se llevó a cabo uno de los procesos de reforma agraria más radicales.

Bajo el período de la Revolución Artiguista comprendido entre los años 1811 y 1820, el máximo caudillo de ese proceso revolucionario, el General José Gervasio Artigas (1764-1850) inició el proceso de reparto de tierras, no sólo fiscales sino de grandes propietarios criollos y españoles.

Artigas fue un hombre profundamente conocedor de la Banda Oriental y de sus habitantes naturales: el gaucho y el indio, ambos excluidos de la posesión de la tierra en el siglo XIX. Participó junto a Félix de Azara en el reparto de tierras como medida de poblamiento, fomento de la campaña y medida precautoria contra el avance portugués en la tenue —cuando no inexistente— frontera entre ambos imperios, pero resultó insuficiente.

El paisaje decimonónico de la campaña oriental se caracterizaba por el despoblamiento producto de las grandes propiedades —muchas veces simplemente ocupadas ilegalmente, cuando no donadas por la corona sin ni siquiera tener en cuenta las verdaderas dimensiones—, el contrabandismo o bandolerismo y la explotación irracional dada la sobreabundancia de ganado vacuno.

Con el estallido de la Revolución, Artigas llevó a cabo un reparto de tierras verdaderamente radical, desconocido en su época, y popular.

EL REGLAMENTO DE TIERRAS DE 1815

El "Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados", fue aprobado el 10 de septiembre de 1815.

Con el mismo, Artigas buscaba dos finalidades bien definidas: en primer lugar, asegurar una base social de apoyo a su revolución. La máxima del pensamiento artiguista en cuanto a justicia social se resume en la siguiente idea: "que los más infelices sean los más privilegiados" expresado en el artículo 6º del Reglamento.

Su segundo objetivo era castigar a los contrarrevolucionarios, idea que queda expresada en la famosa frase del mismo documento "malos europeos y peores americanos", o sea, los opresores (el "godo") y todo aquel americano que estuviera en contra del proceso revolucionario. De esta manera se ejercía una justicia revolucionaria en contra de los enemigos del proceso revolucionario, al tiempo que se premiaba a los que fervorosamente habían abrazado la revolución.

Pero es interesante detenerse en algunos artículos del Reglamento:

6o. Por ahora el señor alcalde provincial y demás subalternos se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Para ello revisará cada uno, en sus respectivas jurisdicciones, los terrenos disponibles; y los sujetos dignos de esta gracia con prevención que los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad, y a la de la provincia.

7o. Serán también agraciadas las viudas pobres si tuvieren hijos. Serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros, y estos a cualquier extranjero.

LA IGLESIA ANTE EL LATIFUNDIO Y LA REFORMA AGRARIA

En el documento de 2005 de Comisión Episcopal de Pastoral Social-Conferencia Episcopal Argentina, UNA TIERRA PARA TODOS,  dice:

Analizando esta realidad a la luz de la enseñanza bíblica y de la D.S.I., vemos que más allá de los factores estructurales, muchos de los conflictos y problemas sobre el tema de la tierra es producto de la secularización de nuestra sociedad argentina.

La pérdida de la concepción de la tierra como don de Dios para el bienestar de todos está en la raíz de toda concentración, apropiación indebida y depredación de los recursos naturales.

Dios es vida y autor de la vida. En el Génesis se relata la creación por parte de Dios y cómo en ella distribuye su riqueza vital, dotando a la tierra de diversidad de bienes y confiriéndole potencialidad productiva. Dios creador, padre proveedor y nutricio, generosamente pone a disposición del hombre la tierra.

El hombre se hará cargo de esta donación como co-creador, porque el mandato divino es el de seguir dando vida a la tierra, hasta henchirla; prosiguiendo y completando la creación pues el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, es comunicador y custodio de la vida.

Así también Dios confiere a los hombres el señorío sobre las tierras, pero este dominio no puede ser ejercido con despotismo depredador; sería incompatible con la función de co-creador.

La autoridad se les confiere para ordenar y hacer crecer la naturaleza para todos. Siendo la tierra don de Dios para el ser humano en cuanto tal, es la humanidad conjuntamente la que debe sentirse responsable de la creación, y debe organizarse comunitariamente para ello. Para cuidar la justicia, la fertilidad de la tierra y preservar la solidaridad en la sociedad israelita, Yahvé promulga el año sabático. Con la misma finalidad posteriormente se prescribe el año jubilar; cada cincuenta años existe uno de jubileo o liberación, descanso de la tierra, recuperación de la tierra empeñada, perdón de todas las deudas y se deja espigar la tierra al extranjero, a la viuda y al pobre.

Esta tierra es comunitaria, nadie puede apropiarse de ella en exclusividad. Yahveh es el dueño de toda la tierra y el Dios de todos, comenzando por los más pobres (anawin).

Juan Pablo II decía, en Recife, Brasil. “La tierra es un don de Dios, don que Él hizo para todos los seres humanos” (…) “No es lícito, por tanto, porque no es conforme con el designio de Dios, usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos, dejando a los otros, la inmensa mayoría, excluidos.”  Repitió e insistió en esta preocupación a lo largo de sus visitas en Latinoamérica.

La Constitución Pastoral “Gaudium et spes” pone de relieve que el hombre debe gobernar el mundo en justicia y santidad orientando su propia persona y el universo a Dios su creador, para la gloria de su nombre. Por lo tanto no puede usar la realidad creada sin referencia a Él, hay que escuchar la voz de Dios en la creación. La criatura sin su creador desaparece.

Esta constitución también se refiere a los bienes de la tierra destinados para uso de todos los hombres y pueblos, debido a ello deben llegar a todos en forma equitativa bajo la égida de la justicia y la caridad. Así el hombre no debe usar como exclusivamente suyas, sino como comunes, las cosas que posee legítimamente, en el sentido que debe aprovecharlas no sólo él, sino también los demás.

Señala el derecho a poseer bienes suficientes para sí mismo y para la propia familia, también indica que se debe ayudar a los pobres no sólo con los bienes superfluos. Sienta doctrina sobre el uso universal de los bienes, sujetos no sólo al que los posee, sino al bien común. Enseña que quien se halla en situación de necesidad extrema puede tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí.

También orienta respecto al acceso a la propiedad, y dominio de los bienes, haciendo una fuerte crítica al tema de los latifundios.

El documento de Puebla exhorta a encarar la falta de reformas estructurales que existen en el campo de la agricultura, de modo que se ataquen con decisión dos problemas del campesinado: el acceso a la tierra y a los medios que hagan posible un mejoramiento de la productividad y comercialización. Asimismo advierte que si se prosigue deteriorando la relación del hombre con la naturaleza por la explotación irracional de sus recursos y la contaminación ambiental, se producirán graves daños al hombre y al equilibrio ecológico.

En 1997 con motivo de la preparación del gran jubileo del 2000, el Consejo Pontificio Justicia y Paz, ofreció el documento: “Para una mejor distribución de la tierra. El reto de la reforma agraria”, en el mismo retoma y amplía la doctrina social de la Iglesia sobre este tema, por lo cual es insoslayable su referencia.

Este documento parte del análisis del modelo de desarrollo de las sociedades industrializadas, que incide dramáticamente en las economías en vías de desarrollo, basadas en la agricultura predominantemente. Esto se hace patente en el fenómeno constante de la apropiación indebida y de la concentración de las tierras, con graves consecuencias en el sector del trabajo y la producción.

Este escandaloso proceso de concentración de la tierra, está en neta oposición con la voluntad y el designio salvífico de Dios, dado que niega a una gran parte de la humanidad los beneficios de los frutos de la tierra. Derivado de esto, el documento, puntualiza expresamente la condena a:

El latifundio como intrínsecamente ilegitimo: no hay razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a los demás les falta lo necesario.

Las injusticias provocadas por las formas de apropiación indebida de la tierra por parte de propietarios o empresas nacionales e internacionales y en algunos casos con el apoyo de instituciones estatales; despojando a pequeños agricultores y a los pueblos indígenas de sus tierras y creando modos de explotación de la tierra que deterioran el medio ambiente.

La explotación laboral que impide a los trabajadores disfrutar de los bienes comunes de la naturaleza, como los frutos de la producción.

El enfoque doctrinario se centra en dos principios de la justicia:

El destino universal de los bienes: Dios ha destinado la tierra y todo cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos, de modo que los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, bajo la guía de la justicia y el acompañamiento de la caridad.

Constituye un derecho natural, primario y universal”.

El derecho de propiedad privada con función social: La propiedad privada o un cierto dominio sobre los bienes externos aporta a cada uno un espacio completamente necesario para la autonomía personal y familiar y debe ser considerado como una prolongación de la libertad humana. Finalmente, al estimular el ejercicio de tareas y deberes constituye una de las condiciones de las libertades civiles.

La propiedad privada es un instrumento de actuación del principio del destino común de los bienes. Por lo tanto el hombre, al servirse de esos bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítimamente, no sólo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que han de aprovechar no sólo a él, sino también a los demás. Considera también la propiedad comunitaria que caracteriza la estructura social de numerosos pueblos indígenas.

Asimismo los obispos argentinos en la declaración del año 2000: ‘El gran Jubileo y el derecho a la tierra de los pueblos aborígenes’, manifestamos que la iglesia, reconociendo la obra creadora de Dios, quiere caminar junto a los pueblos aborígenes en espíritu de ayuda y de servicio, y seguir contribuyendo a reparar las injusticias del pasado y del presente.

Exhortamos al gobierno nacional y de las provincias en sus diversos poderes, a acelerar la transferencia o devolución de las tierras que los pueblos aborígenes reclaman legítimamente, haciendo efectivos los derechos de estos pueblos.

Respecto a la problemática de la tierra urbana es importante considerar el documento “¿Qué has hecho de tu hermano sin techo?”. Este resalta al grupo social de los marginados, instalados en precarios asentamientos con todas las formas de miseria que esto conlleva. No es solamente un hecho del cual todos somos responsables, sino un escándalo de la injusta distribución de los bienes que están originariamente destinados a todos.

Esta situación se va incrementando cada vez más en los conurbanos de las distintas ciudades, con la apropiación de terrenos públicos y privados, lo que ocasiona un conflicto social entre las partes, creando además un grave problema de urbanización. Estos lugares por lo general no son explotados para ningún emprendimiento, lo que facilita estos asentamientos que irrumpen en forma imprevisible, generando amplias franjas de población con un alto porcentaje de N.B.I. y que no cuentan con ninguna infraestructura de servicios.

Agrava aún más esta problemática, el hecho que poblaciones enteras son desplazadas del lugar normal donde habitan para servir a proyectos económico-políticos de discutible inspiración ideológica, en tales casos no se provee como se debiera a la adecuada reinstalación de las personas y familias desplazadas.

CONFERENCIA EPISCOPAL EN 2005

Sigue el documento eclesiástico:

La falta de una política nacional fundada en una equilibrada distribución de las tierras rurales, en el marco del predominio de una concepción utilitaria de la propiedad como un bien de mercado y no como bien social, fue generando en el país un fuerte proceso de concentración de la tierra. Este proceso, con casi tres décadas de duración, continúa vigente y afecta principalmente a pequeños y medianos productores. Esto es así debido a que el principal instrumento de concentración no es tanto la ampliación de la frontera agrícola por ventas de tierras fiscales, sino más bien la venta de tierras y derechos de posesión de pequeños productores agrícolas empobrecidos a grandes corporaciones de capitales, nacionales y extranjeras.

La reducción del número de explotaciones agropecuarias constituye un claro indicador del proceso de concentración. En efecto, entre 1988 y 2002 (últimos dos censos rurales), el número de explotaciones agropecuarias (EAPs) registró una reducción cercana al 20%, representando una disminución de 80.932 EAPs. En igual sentido, se da una reducción de aproximadamente 63 mil explotaciones agropecuarias con superficie de hasta cien hectáreas y de otras veinte mil unidades con superficie de 100 a 500 hectáreas 

En conjunto, las explotaciones agropecuarias de hasta 500 ha registraron entre 1988 y 2002 una disminución de 5,7 millones de hectáreas. En consecuencia, se evidencia un aumento de la superficie promedio de las explotaciones agropecuarias que pasó de 470 ha en 1988 a 590 ha en 2002.

En el desarrollo de este proceso intervinieron una serie de circunstancias entre las que cabe considerar: a) el marcado endeudamiento que sufrieron los productores agropecuarios a lo largo de la última década, en un momento en el que el mercado compelía a incrementar el tamaño y la productividad de las explotaciones agropecuarias, b) los efectos derivados de las estrategias de grandes capitales de inversión que, a través del mecanismo de arrendamiento, ejercían una fuerte presión sobre los pequeños productores y c) la elevada presión que implicó, en muchos casos, la imposibilidad de seguir llevando adelante las actividades productivas.

Como resultado de estas tendencias, se evidencia una elevada concentración de las tierras productivas. De acuerdo a la información provista por el último Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2002, el 10% de las explotaciones agropecuarias más grandes del país concentraba en ese año el 78% del total de las hectáreas registradas, en tanto que el 60% de las explotaciones más pequeñas no llegaba a reunir un 5%.

Las dificultades de acceso a la tierra productiva y a su correspondiente titulación constituyen dos problemas centrales -y estrechamente conectados entre sí- que enfrentan cotidianamente los pequeños productores de nuestro país. Entre las principales barreras institucionales que operan en ese sentido se destacan: a) la falta de una legislación adecuada que limite la concentración de las tierras rurales y que reglamente la apropiada asignación de las tierras disponibles y b) la generalización de prácticas de corrupción que impiden el acceso ciudadano a los derechos jurídicamente reconocidos.

Una de las múltiples derivaciones del proceso de concentración de las tierras productivas radica en la progresiva desaparición de pequeños productores, que como consecuencia de la pérdida de las tierras explotadas se han visto obligados a retirarse de la producción directa.

En la mayor parte de los casos, estos productores se convierten en pequeños rentistas o en trabajadores precarios de las áreas urbanas.

Si bien en el marco de este proceso se ha extendido la proletarización de propietarios rurales y comunidades agrícolas pobres, la población que habita en áreas rurales se encuentra todavía fuertemente representada por la presencia de pequeños y medianos productores (202.000). Tanto ellos como su grupo familiar constituyen –según el CNA del 2002– el 64% de la población rural que reside en las EAPs (792.000 personas).

Sobre la situación de los pueblos originarios el mismo documento episcopal sostiene:

Históricamente, las comunidades aborígenes fueron desplazadas a zonas geográficas marginales, especialmente en el norte y el sur de nuestro país. Hoy sus territorios sufren una nueva invasión: la expansión de las grandes empresas agrícolas, los proyectos turísticos, la explotación de los recursos mineros, petrolíferos y madereros de los bosques en las áreas de expansión de la frontera agropecuaria.

Estos emprendimientos son decididos, planificados y realizados sin tener en cuenta a los habitantes indígenas que viven en estas regiones y ejercen la posesión de sus tierras desde tiempos ancestrales.

La mayoría de estas comunidades se encuentran en estos territorios sin tener la seguridad jurídica de un título de propiedad, y en porciones de tierras no aptas e insuficientes para su desarrollo humano, contra el mandato de la Constitución Nacional que, justamente, prescribe lo contrario. En el estudio realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA se constata que:

Del total de comunidades -unas novecientas aproximadamente en todo el país- dos tercios de las mismas no cuentan con los títulos de propiedad de sus tierras.

El 70% de las tierras ocupadas por las comunidades aborígenes relevadas se muestran insuficientes y poco aptas para el desarrollo económico y social, y casi la mitad de las comunidades comprendidas por el estudio se encuentran actualmente privadas del acceso a la tierra o a algún recurso natural necesario para la subsistencia y manutención del grupo.

Esta significativa porción de comunidades que no tiene la seguridad jurídica de las tierras que ocupan son susceptibles, por ese motivo, de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para los emprendimientos empresariales anteriormente citados. Estas presiones pueden tomar la forma de acciones judiciales en las que, muchas veces, la justicia termina considerando a los indígenas como intrusos en su propia tierra y ordenando su desalojo. Estas lamentables situaciones, tanto en el norte como en el sur, se han incrementado en estos últimos tiempos.

 “Necesitamos ser Nación” expresa: “La inseguridad ciudadana –que mueve multitudes– también tiene su origen en la carencia de valores, pero advertimos de otra inseguridad que alcanza a muchos hermanos nuestros: la de las familias campesinas, aborígenes y de algunos sectores urbanos que no tienen acceso a la tierra o se les desconoce su propiedad. Asimismo la venta indiscriminada de grandes extensiones en las que se desmonta el bosque nativo poniendo en peligro al medio ambiente, casa común en la que todos debemos vivir”

En este sentido, en nuestra acción pastoral, hemos constatado que las dificultades que padecen los pequeños y medianos productores para acceder al título de propiedad se ven notoriamente agravadas en las comunidades aborígenes, especialmente en cuanto a la falta de información sobre los derechos y normas legales, que afecta no sólo a las comunidades sino también a funcionarios administrativos y judiciales que desconocen la legislación vigente en cuanto a derechos indígenas.

LA IGLESIA ARGENTINA Y LA EXTRANJERIZACIÓN YA EN 2005

La cuestión de la Extranjerización no es novedad en nuestro país ni en América Latina. Representa un proceso de pérdida de soberanía y de recursos naturales, así como de concentración de la tierra en capitales extranjeros. Se estima que este fenómeno obedece, en gran medida, al endeudamiento de los pequeños y medianos productores con el extranjero, y que, en suma, se ve favorecido por la falta de ordenamiento legal por parte de la Nación y las provincias en lo referente a la legislación sobre tierras.

FRANCISCO Y EL PROBLEMA DE LA TIERRA

Se transcriben algunos párrafos del discurso papal en Bolivia frente al Congreso de los Movimientos Populares:

Dios permite que hoy nos veamos otra vez. La Biblia nos recuerda que Dios escucha el clamor de su pueblo y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de Ustedes: las famosas tres “t”, tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Lo dije y lo repito: son derechos sagrados. Vale la pena, vale la pena luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra. 

... ¿Reconocemos, en serio, que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad? 

...Si esto es así, insisto, digámoslo sin miedo: queremos un cambio, un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los Pueblos… Y tampoco lo aguanta la Tierra, la hermana Madre Tierra como decía San Francisco. 

...La distribución justa de los frutos de la tierra y el trabajo humano no es mera filantropía. Es un deber moral. Para los cristianos, la carga es aún más fuerte: es un mandamiento. Se trata de devolverles a los pobres y a los pueblos lo que les pertenece. El destino universal de los bienes no es un adorno discursivo de la doctrina social de la Iglesia. Es una realidad anterior a la propiedad privada. La propiedad, muy en especial cuando afecta los recursos naturales, debe estar siempre en función de las necesidades de los pueblos. Y estas necesidades no se limitan al consumo. No basta con dejar caer algunas gotas cuando lo pobres agitan esa copa que nunca derrama por si sola. Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias, sólo deberían pensarse como respuestas pasajeras, coyunturales. Nunca podrían sustituir la verdadera inclusión: ésa que da el trabajo digno, libre, creativo, participativo y solidario. 

BELGRANO, LA AGRICULTURA Y LA TIERRA

Belgrano mostró tempranamente su preocupación por el rol subordinado de la agricultura dentro una economía bonaerense rudimentaria, basada en el latifundio ganadero.

Para desarrollar la agricultura era necesario algún reparto de la tierra.

Belgrano consideraba que la falta de propiedad de la tierra desalentaba la productividad y era fuente de pobreza porque reducía la disponibilidad de fuentes de trabajo. Para corregir esta carencia proponía inducir esa distribución mediante impuestos a las tierras improductivas y eventualmente confiscación, si estuvieran cercanas a los pueblos.

Efectivamente, en pleno proceso revolucionario -junio de 1810-, decía que la situación de los agricultores se debía a “la falta de propiedades de los terrenos que ocupan los labradores”. Éste era el “gran mal” de donde provenían todas sus “infelicidades y miserias, y de que sea la clase más desdichada de estas Provincias, debiendo ser la primera y más principal que formase la riqueza real del Estado…”.   Belgrano decía que había potentados en Europa que no eran señores de tantas leguas de campo como en nuestros lares. Por ello, para arraigar a una población en crecimiento e integrarla a la sociedad, proponía que se allanara a los labradores el acceso a la propiedad de la tierra.

A MANERA DE EPÍLOGO

Es necesario generar un millón de familias chacareras propietarias.

Lo anterior será importante para producir los alimentos necesarios y que la sociedad no pague, en sus precios, la renta latifundista. También para diversificar la producción y terminar con el monocultivo sojero y para fomentar las economías regionales.

Es preciso tomar medidas contra la concentración de la tierra. No es posible que el 2 por ciento de los terratenientes concentre el 50 por ciento de la tierra en la Argentina.

Es necesario un paquete medidas que hagan que se pueda generar un modelo de producción totalmente distinto en la Argentina, que no debe estar condenada a ser productora de cueros, de lana, de carne, de trigo, ahora de soja, ahora, en una relación completamente dependiente con China.

Si se fracciona la tierra, si se logra una ley de arrendamiento que le dé estabilidad a una familia para estar cinco años, con derecho a ocho en un mismo campo, esa familia va a poder proyectar vivir ahí, mandar a sus hijos a la escuela, si se le rompe el tractor va a ir al mecánico del pueblo”. Esto es la base de un verdadero Federalismo.

Allí entra en funcionamiento todo un mecanismo que hace que se desarrolle la economía pero a su vez que haga que se termine con esta situación enferma donde, hoy, el 50 por ciento de la población vive a 100 kilómetros del Obelisco. Cuando se observa quiénes son los que se concentran en los cordones de pobreza de las grandes ciudades, se advierte siempre con que son los expulsados de los latifundios.

Lo anterior debe ir acompañado de un paquete de medidas que realmente diferencie al pequeño productor, que no puede ser tratado igual que un pool de siembra, sino con políticas diferenciadas.

Por último, un campo poblado de pequeños productores es esencial para la Defensa Nacional. Ellos defenderán, de toda agresión extranjera, palmo a palmo, su propia tierra, que es Argentina,