Pronunciamiento de Plataforma 2012 sobre la Megaminería (adherir)

Pronunciamiento de Plataforma 2012 sobre la Megaminería

(Ver Anexo Documental)

10 de Febrero de 2012

Plataforma 2012 surge de la necesidad de construir una voz colectiva que pueda debatir  abierta y públicamente los grandes problemas nacionales para contribuir al accionar social transformador, por fuera de los reduccionismos y del encapsulamiento del debate   que promueve polarizaciones descalificadoras.

Plataforma 2012 es un colectivo de intelectuales y trabajadores de la cultura comprometidos en la lucha por un país verdaderamente independiente, una sociedad justa e igualitaria con plena vigencia de la libertad y los derechos  humanos.

Plataforma 2012 se propone como un espacio plural, democrático e independiente de los diferentes grupos de poder, sea éste político, económico o mediático.

Desde su primer pronunciamiento, a comienzos de este año, Plataforma 2012 planteó la necesidad de recuperar el pensamiento crítico más allá del discurso del oficial. La enorme repercusión que produjo aquel primer documento y la  cantidad de adhesiones que nos siguen llegando desde distintos puntos del país, confirman la existencia de aquella necesidad y comprometen a Plataforma a consolidar un espacio que pueda hacer audibles las múltiples voces que desde el campo popular piensan críticamente la realidad.

El relato oficial pretende enmascarar una realidad que eclosiona en diferentes  manifestaciones en el cuerpo social. Plataforma 2012 considera que el desmontaje de ese relato - que por vía de la sacralización épica, la negación, la tergiversación, la desmentida,  los silencios y ocultamientos tiende a imponer una visión monolítica y unívoca de la realidad - puede ser una herramienta que contribuya a resituar el debate de los grandes problemas nacionales. Desde esta perspectiva, los síntomas de malestar social, lejos de ser leídos como producto de algunas anomalías en el interior de un proceso transformador, pueden ser comprendidos como efectos de una  política global de gobierno.

Tres son los ejes en los que Plataforma 2012 se ha centrado desde su primer  pronunciamiento: desigualdad, en un registro abarcador, que no se mide solamente en términos económicos, sino de desigualdad social, educativa, sanitaria, ambiental, de género, así como las implicancias que esto tiene en términos de desigualdades políticas y deterioro institucional; vínculos del gobierno con las grandes corporaciones económicas; y violación  de los derechos humanos hoy.

En este sentido, la problemática de la minería transnacional - que a través de las demandas de la pueblada de Famatina hizo visibles las luchas presentes en todo el país -, ha demostrado su urgencia y dramatismo. Este tipo de minería ilustra de manera cabal los tres puntos enunciados y cómo esta tríada se  inscribe en una política nacional: mayores desigualdades económicas, territoriales, sanitarias, ambientales y sociales; alianza estratégica entre el gobierno nacional y grandes  corporaciones mineras transnacionales; y violación de los derechos humanos a través de la criminalización de la protesta social. Del mismo modo, el problema de la megaminería ha  desenmascarado el relato mistificador del gobierno, que procura deslindar su  responsabilidad en la aplicación de la política megaminera y sus consecuencias, atribuyéndola a decisiones de competencia exclusiva de los gobiernos provinciales, como si la  aplicación de esas políticas no respondiera a una política nacional impulsada  por el  Ejecutivo y como si esos gobiernos no formaran parte de la estructura de alianzas oficialista.

Durante los años `90, bajo el gobierno neoliberal de Carlos Menem, se introdujeron grandes modificaciones en la sociedad y la economía argentinas. Con apoyo del FMI y otros organismos internacionales, se privatizaron los recursos naturales, entre ellos los minerales, y se sentaron las bases de un nuevo marco normativo y jurídico en relación a éstos, que se extiende hasta nuestros días. La aplicación de estas políticas neoliberales acentuaron aun más las asimetrías, condenando a los países dependientes y periféricos a la extracción y provisión de bienes primarios en favor de los países más poderosos del planeta, consumidores de las mismas. En la actualidad, los resultados de la aceptación de este patrón de acumulación son conocidos: tendencia a la reprimarización del aparato productivo interno -hecho confirmado por diferentes informes económicos-; extranjerización de la industria,  de recursos naturales (minerales, petróleo, gas, tierras y agua); concentración económica -en algunas empresas multinacionales, que controlan el mercado global-; especialización productiva -exportación de algunos productos, sin valor agregado-; desigual distribución de los conflictos ecológicos y territoriales, que perjudica a los países periféricos, y, dentro de ellos, a aquellos sectores sociales de mayor vulnerabilidad; en fin, consolidación de verdaderos enclaves neocoloniales, que van configurando espacios productivos estructuralmente dependientes del mercado internacional en términos económicos, comerciales, financieros y tecnológicos.

En esta línea, lejos de ser “motor de desarrollo”, como argumentan sus defensores, la megaminería trasnacional refuerza la dependencia hacia los centros capitalistas de poder global, y profundiza las formas de desigualdad ya existentes a escala local, provincial y nacional: expoliación económica, devastación institucional, destrucción de territorios y depredación de bienes naturales, fragmentación y control social, cooptación científico-tecnológica, ya son hechos incontestables de nuestra realidad del siglo XXI, que no hacen más que remitir y actualizar  la triste historia colonial del continente.

El caso de Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, uno de los yacimientos de cobre más grandes de Sudamérica, es emblemático. Tras 15 años de explotación, el paisaje catamarqueño da cuenta de empobrecimiento; asistencialización generalizada de la población; falta de empleo, de agua, de electricidad; naturalización de la devastación ambiental; institucionalización del clientelismo y la corrupción; degradación de la cultura democrática; profundización de las desigualdades sociales y ambientales.

Recordemos que este tipo de minería se propone extraer los minerales diseminados en la roca portadora, a través  del sistema de explotación minera a cielo abierto (open pit), que utiliza técnicas de procesamiento por lixiviación o flotación, esto es, sustancias químicas altamente contaminantes, que producen impactos negativos en la salud de las poblaciones y cuantiosos daños ambientales, los cuales han sido probados en diferentes países y regiones. Se trata de minería a gran escala, es decir, de mega-emprendimientos, una actividad que consume enormes cantidades de agua y energía y compite por tierra y recursos hídricos con otras actividades económicas (agricultura, ganadería, turismo). Dada su envergadura, estos emprendimientos tienden a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones, desplazando economías regionales preexistentes y “liberando” territorios que, de ahí en más, quedan presos de la lógica económica de las grandes compañías trasnacionales. En ese marco se producen hondas transformaciones de la ciudadanía; asistimos cada vez más a la territorialización de los conflictos y a la violación de derechos ambientales y colectivos, que se hallan amparados por la normativa nacional e internacional, y que incluyen también los derechos de los pueblos originarios (Convención 169 de la OIT). Dichas violaciones repercuten asimismo sobre los llamados derechos de primera generación, como son el de la libre expresión y el derecho de petición, impedidos u obstaculizados de modo recurrente en determinados escenarios provinciales (Catamarca, San Juan, La Rioja, entre otros).

Son las pequeñas y medianas  poblaciones de nuestras provincias, sobre todo en las zonas pre-cordilleranas y cordilleranas, pero también en otras regiones áridas del país, las que hoy sufren la embestida de este modelo neocolonial.  Desde las movilizaciones de Esquel, donde se llevó a cabo el único plebiscito en el país por este tema (2003), pasando por la represión y la pueblada de Andalgalá (2010), hasta la actual gran pueblada de Famatina, las poblaciones vienen rebelándose contra la expansión de este tipo de minería, con claros reclamos que subrayan el derecho a un ambiente sano, el derecho a elegir un modo de desarrollo congruente con el respeto de la vida presente y futura, de las personas y de los ecosistemas; en fin, el derecho a participar de las decisiones colectivas en el marco de una sociedad que se quiere democrática.

Esquel y Gan Gan, Andalgalá, Belén, Santa María y Tinogasta, Chilecito y Famatina, Calingasta y Jachal, Ingeniero Jacobacci y Bariloche, Gregores, Campana Mahuida-Loncopué y Rincón de los Sauces, General Alvear, San Carlos y Uspallata, Capilla del Monte, Casa Grande y Yacanto de Calamuchita, La Carolina y Merlo, Abra Pampa, Cangrejillos y Tilcara, Cafayate, Metán y Tolar Grande,  Jasimampa y Sumampa, Amaicha del Valle y El Paso, valles enteros de diferentes provincias, entre tantos otros nombres, son algo más que puntos supuestamente remotos de nuestra amplia geografía nacional. Son  poblaciones  que, detrás de la bandera “El agua vale más que el oro”, han ido construyendo de modo perseverante y en situación de gran asimetría de fuerzas, una red de resistencias local y regional, que, en varios casos, ha tenido como producto la sanción de leyes provinciales que prohíben este tipo de minería con algunas sustancias químicas (Chubut, Río Negro, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tucumán, La Rioja y Tierra del Fuego). Son estas poblaciones las que también estuvieron detrás de la defensa activa de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares, que fuera vetada por la actual presidenta en 2008, resancionada en septiembre de 2010, luego de un arduo trabajo transversal de organizaciones sociales y ambientales, diferentes profesionales y representantes del Congreso Nacional, con la oposición activa de gran parte del oficialismo. Son estas poblaciones las que resisten de pie frente a la derogación de las leyes que prohibían este tipo de minería, como sucedió desde 2008 en La Rioja, y recientemente, en diciembre de 2012, en Río Negro.

Por ello creemos que resulta injusto y agraviante imputar “irracionalidad” o “falta de información” a la fuerte oposición que este tipo de minería ha generado en vastas poblaciones de nuestras provincias. La megaminería no es cuestionada por desconocimiento, ni por falta de cultura productiva, sino precisamente porque ésta constituye una síntesis acabada del maldesarrollo. Se trata además de un modelo que pone en jaque a la democracia, pues avanza sin consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales, divisiones en la sociedad y una nueva espiral de criminalización de las resistencias. A la causa penal abierta contra los vecinos de Andalgalá y Famatina, se sumaron, primero, la detención de 18 vecinos en el pueblo de Santa María en Catamarca, a quienes se los acusa de entorpecer el tránsito terrestre (art. 194 CP) y de ser parte de una agrupación que tiene por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor (art. 213 bis); segundo, la represión desatada por la policía provincial contra los vecinos de Belén, que dejó como saldo decenas de detenidos (entre ellos, un niño menor de 13 años); tercero, la brutal represión y desalojo en Tinogasta y asimismo en Amaicha del Valle. Frente a estos hechos no podemos olvidar que ante la resistencia del pueblo de Gualeguaychú en defensa de sus derechos fue la propia Cristina Fernández de Kirchner quien firmó el decreto (            828/2010      ) a través del cual instruyó al Procurador General del Tesoro a denunciar a 10 vecinos de Gualeguaychú acusándolos de los delitos de sedición, atentado contra el orden democrático, más otros 12 delitos que contemplan prisión efectiva.

Resulta claro que la criminalización de la protesta es una política represiva nacional que está siendo profundizada. En este y no en otro marco, el Congreso Nacional aprobó la la nueva Ley Antiterrorista, enviada por el ejecutivo, que modifica la ya sancionada bajo el mandato de Néstor Kirchner en el año 2007.

Tampoco creemos que pueda responsabilizarse exclusivamente a las provincias, las cuales detentan el “dominio originario” de nuestros recursos naturales, luego de la reforma de la constitución de 1994. El marco económico y jurídico que beneficia a la megaminería se sustenta en una batería de leyes nacionales, sancionadas en los años `90, que aseguran una rentabilidad extraordinaria a las empresas, al compás del aumento de los precios internacionales de los minerales. Está legislación se mantiene en la actualidad y es custodiada por los legisladores nacionales oficialistas, junto a los sectores conservadores de ambas Cámaras, quienes no permiten siquiera la discusión de los proyectos que pretenden modificarla. Por su parte, a través del Tratado Binacional sobre Integración y Complementación Minera firmado con Chile -1996- que sancionó una legislación de “facilitación fronteriza”, se consumó la entrega de una parte de la cordillera a las transnacionales mineras, entre ellas a la empresa canadiense Barrick Gold que hoy opera en San Juan, a través de los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama. Esta empresa judicializó la ley nacional de protección de los glaciares, y logró, mediante una medida cautelar que dicha norma no se aplique en esa provincia. El tema está hace meses “a estudio” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejando así a los glaciares a merced del negocio minero en San Juan. En el resto del país, la pasividad del gobierno nacional -como autoridad de aplicación- en implementar efectivamente dicha norma, resulta inaceptable.

Así, lejos de ser una “rémora” del viejo orden neoliberal, este ordenamiento jurídico-económico encuentra un apoyo incondicional en las políticas del gobierno nacional, desde 2003 hasta la fecha. En 2004, Néstor Kirchner avaló el Plan Minero Nacional, declarando la actividad de interés estratégico y sumando nuevos beneficios y exenciones a la misma. En el mismo año se firmó con Chile el “Protocolo Adicional Específico” al Tratado para el proyecto minero binacional Pascua Lama, donde –entre otras cosas- ambos países se obligaron a permitir a “los inversionistas de una y otra, el uso de toda clase de recursos naturales necesarios para el desarrollo minero, comprendiéndose en este concepto los recursos hídricos existentes en sus respectivos territorios”. La actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, no sólo ha buscado alentar la inversión minera  -como en su discurso en El Qatar, en 2011-, sino que también ha dado muestras claras del apoyo del aparato del Estado a la megaminería. Uno de los ejemplos más emblemáticos, además del veto a la ley nacional de protección de glaciares, ha sido  su participación en diferentes reuniones con Peter Munk, el CEO de la empresa Barrick Gold, tanto en Toronto como en Buenos Aires, a fin de facilitar un acuerdo tributario con dicha empresa, a cargo del proyecto binacional de Pascua-Lama. La fotografía que muestra a la presidenta en Canadá, junto a P.Munk, custodiada por tres banderas –la de Canadá, la de Argentina y la de la Barrick Gold- es todo un símbolo de la alianza estratégica entre gobierno nacional y megaminería, y sin duda quedará grabada en la memoria de los argentinos.

Las alusiones en el discurso presidencial a los sectores “ambientalistas”, supuestamente despreocupados por la suerte de nuestras islas Malvinas y la reciente exhortación a la “responsabilidad y seriedad sobre los planteos que se realizan”, no hacen más que poner en evidencia el manifiesto desprecio hacia las poblaciones movilizadas y el empeño por desplazar el eje de la discusión, ante el impacto nacionalizador que ha tenido la pueblada de Famatina respecto de la cuestión minera y el creciente apoyo de la sociedad hacia estas protestas. También evidencian  un desprecio por la conservación del patrimonio y el futuro del país. Mientras en Catamarca se teme por la aplicación de la nueva ley antiterrorista sobre 18 asambleístas; mientras continúan las protestas y movilizaciones en diferentes ciudades de Río Negro; mientras el gobernador riojano se apresta a verter ingentes recursos económicos para torcer la voluntad de la población de su provincia;  el gobierno nacional continúa acompañando con hechos la expansión de la megaminería. Desde el nombramiento del empresario minero Jorge Mayoral bajo el gobierno de Duhalde, quien continúa al frente de la Secretaría de Minería de la Nación, hasta el reciente nombramiento de un ex familiar de la presidente - Armando “Bombón” Mercado- como director del YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), nada parece haber horadado la continuidad en las orientaciones gubernamentales en este tema.

Así, no se trata solamente de una discusión exclusivamente económica o ambiental, sino también de una discusión política. La megaminería es uno de los eslabones más contundentes –aunque no el único- que ilustra la continuidad y profundización por parte de este gobierno respecto de las políticas de explotación neocolonial y expropiación de los bienes naturales aplicadas en los ´90. El “relato” oficial, que procura presentarlas como parte de un modelo de crecimiento y generación de empleo, es una pieza clave para la construcción de un consenso social favorable que garantice su aplicación. La retórica épica sobre las bondades de la política megaminera se complementa con el ocultamiento y negación de sus efectos devastadores. Y cuando las poblaciones involucradas, lejos de contribuir al “consenso megaminero” buscado por el gobierno, desenmascaran la falacia cuestionando legítima y abiertamente la megaminería a cielo abierto, movilizándose para rechazarla y concitando - como en el caso de Famatina – solidaridades en todo el país, el gobierno echa mano a un nuevo recurso discursivo: la “desmentida”. Según este recurso, que pretende borrar de la memoria colectiva la imagen y el valor simbólico de aquel encuentro presidencial en Toronto con el CEO de la Barrick Gold, la megaminería a cielo  abierto no formaría parte del proyecto político del gobierno nacional sino que correspondería a decisiones y acuerdos estrictamente provinciales - en  este  caso del gobernador  Beder Herrera.

Todo esto pone en evidencia un deterioro de las instituciones. Por ello, vemos con mucha preocupación que el mismo gobierno que ha destruido el sistema nacional de estadísticas (lo que dificulta toda reflexión colectiva sobre pobreza, desigualdad, desempleo o inflación, y afecta seriamente las negociaciones salariales), que extorsiona a los jueces que lo desafían, que se ha ocupado de desoír o desarmar  la estructura de controles institucionales sobre el poder, que ha reforzado el proceso de concentración del poder en el ejecutivo, hoy amenaza solapadamente con una reforma constitucional promovida por las peores razones de corto plazo.

Con la convicción de que los pueblos tienen el derecho de elegir el modelo de desarrollo que más convenga y beneficie a sus poblaciones, en función de un ideal de igualdad y de equilibrio con la naturaleza y en solidaridad con las movilizaciones vecinales de tantas pequeñas y medianas localidades de nuestro país, que se han levantado activamente contra este modelo neocolonial, en defensa de nuestras cuencas hídricas y de nuestros territorios, Plataforma  2012 plantea la  necesidad  de debatir e  impulsar  las siguientes  propuestas:

1.      Reforma integral del Código de Minería y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (24.196) y sus modificatorias,  que promueven y habilitan la destrucción de los bienes comunes y el despojo colonial de nuestras riquezas.

2.      Aplicación efectiva  de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares en todo el país.

3.      Recomposición ambiental de las zonas afectadas por los megaemprendimientos mineros que actualmente existen en el país.

4.      Cierre de todas las causas abiertas a los ciudadanos criminalizados por manifestarse contra la megaminería

5.      Urgente derogación de la nueva ley antiterrorista.

6.      Urgente sanción de las leyes provinciales derogadas en La Rioja y en Río Negro,  que prohibían este tipo de megaemprendimientos mineros.

7.      Activación y ampliación de mecanismos participativos y de democracia directa que apunten a la democratización de las decisiones.

8.      Propuesta de Declaración de una moratoria a nuevas concesiones a la exploración y explotación minera metalífera.

9.      Propuesta y debate de una Ley Nacional de Prohibición de la megaminería metalífera con uso de sustancias tóxicas y la uranífera en todo el país.

10.  Propuesta de realización de un gran debate nacional que reflexione y genere políticas públicas que apunten a una salida del extractivismo neocolonial, en pos de  un equilibrado e igualitario desarrollo de los pueblos, respetando su cultura y sus formas de vida; en pos de la gestión pública y participativa de nuestros bienes comunes.

Firmas:

Alabarces Pablo, Antonelli Mirta, Bidonde Héctor, Burucúa José Emilio, Correas Nora, Dowek Diana, Edelman Lucila, Galán Mónica, Galvano Mario, Gargarella Roberto, Genta Adriana, Kordon Diana, Lagos Darío, Lagos Mariana, Lanzillotto Alba, Levinas Gabriel, Lindenboim Javier, Lo Vuolo Rubén, Massuh Gabriela, Nené  Bettanin, Onaindia José Miguel, Ramos Hugo, Sáez Luis, Scandizzo Mónica, Svampa Maristella, Tauber Sanz Nicolas, Tcherkaski Osvaldo, Viale Enrique, Zangaro Patricia

Adhesiones a este pronunciamiento:

Enviar mail a:  plataforma.2012@yahoo.com.ar  -

Escribiendo en el asunto: "adhiero a pronunciamiento megaminería"

ANEXO DOCUMENTAL:

ANEXO: Algunos datos sobre megaminería

Algunos datos sobre megaminería[1]

1-      CONTAMINACION y MINERIA (por Antonio Elio Brailovsky)[2]

Zonas semiáridas: Los grandes proyectos mineros consumen agua en cantidades difícilmente imaginables. Las leyes vigentes ordenan que antes de cada proyecto se realicen estudios que procuran estimar el daño que ese proyecto haría al ambiente y la forma de evitarlo o paliarlo. Como siempre, la trampa se hace casi antes que la ley y las empresas entregan estudios incompletos.

Habitualmente, los estudios de impacto ambiental que entregan las empresas mineras no hacen un balance de la disponibilidad de agua para el conjunto de actividades de la zona. En nuestras zonas andinas, el agua no sobra. La que hay se utiliza toda, a punto tal que Mendoza se niega a soltar agua para las actividades productivas de la Provincia de La Pampa. Está claro que para hacer gran minería allí hay que dejar de hacer otra cosa, tal vez dejar secar los viñedos o abandonar las ciudades. Por eso Mendoza tiene una ley que prohíbe la gran minería con cianuro[i]. No por extremismo ecológico sino por simple sentido común.

Agreguemos que el cambio climático está haciendo que cada vez nieve menos en la cordillera, en una zona en la que los ríos son de deshielo. Y que algunos proyectos (como Famatina y Pascua Lama), no sólo consumirán grandes cantidades de agua donde es escasa, sino que pueden poner en riesgo los mismos glaciares de la que surge.

Zonas sísmicas: Cualquier estudiante de economía podría preguntarse cómo hacen las mineras para generar grandes ganancias, teniendo en cuenta el costo de remover y tratar miles de toneladas de roca para obtener una pequeña cantidad de los minerales buscados.

La respuesta es que, a diferencia de otras actividades industriales, la gran minería no hace una gestión integral de sus residuos peligrosos: simplemente los acumula. El secreto de la rentabilidad es ése: dejar los residuos peligrosos sin tratamiento. Lo que hacen es construir los llamados diques de colas, que son reservorios de millones de metros cúbicos de desechos líquidos y barros con cianuro, arsénico, plomo y demás metales pesados. Estos residuos peligrosos pueden filtrar al subsuelo y desbordar en los ríos y arroyos. Una vez terminada la explotación quedan abandonados. Se supone que la empresa tiene responsabilidad sobre ellos, pero si es una corporación del exterior, no será sencillo obligarla a hacerse cargo si hay problemas.

¿Durante cuánto tiempo permanecen peligrosos esos residuos? Como son metales pesados, serán peligrosos mientras exista vida sobre la Tierra.

Las empresas alegan que se trata de estructuras antisísmicas. Sin embargo, el reciente terremoto y tsunami de Japón demostró que, ante los hechos, no todas las estructuras calificadas como antisísmicas resisten un terremoto.

De modo que hay riesgo de dispersión de contaminantes que afecten la cada vez más escasa agua usada por los valles cordilleranos, y esos riesgos no desaparecen con el final de la explotación cuando se agoten los minerales, sino que permanecen latentes para siempre.

En algún momento del debate se prometió que las autoridades nacionales y provinciales controlarán que las empresas actúen con la misma tecnología y las mismas precauciones ambientales que en el llamado Primer Mundo. Para ver en qué consisten esas precauciones, les acerco las fotografías de dos casos de rotura de diques de colas y extrema negligencia empresaria, ambos en países europeos:

1 - Rotura de la presa de contención de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), el 25 de abril de 1998, y

2 – Derrame tóxico en una mina de bauxita, en Hungría, el 5 de octubre de 2010.

En ambos casos, las empresas habían jurado que las instalaciones eran seguras y las autoridades de ambos países dijeron lo mismo. Y en ambos casos, las empresas se negaron a hacerse cargo de su responsabilidad económica en los daños y la remediación. Los gastos estuvieron a cargo e los respectivos Estados. Los juicios, por cantidades inimaginables de millones de euros, continúan.

Vease:

http://dl.dropbox.com/u/18205050/Imagenes/Riesgos-de-la-gran-mineria.pdf

(Un informe fotográfico de ambos desastres ambientales, para que puedan evaluar qué representa la rotura de un dique de colas para los vecinos afectados.)

2-    Datos de la megaminería en Argentina

  -El agua, principal insumo en el proceso extractivo, es obtenida de ríos y acuíferos cercanos a los proyectos a razón de cientos o miles de litros por segundo. Las explotaciones suelen situarse en los sectores más altos de las cuencas hídricas y, en algunas ocasiones, en las proximidades de reservas de agua fósil. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el consumo de agua recomendado por persona es de 80 litros de agua por día. Según lo declarado por Barrick Gold, en su Informe de Impacto Ambiental (IIA), para Veladero se utilizarían 110 l/seg. De acuerdo con el IIA de San Jorge, proyecto mucho menor que Veladero, requerirían 141 l/seg. Para Pascua Lama, Barrick Gold declara requerir del lado argentino un promedio de 215 l/s. Potasio Río Colorado (PRC) tiene otorgado por ley 1000 litros por segundo, que es aproximadamente igual al consumo de Minera Alumbrera, mina cuyo impacto es más severo que el de PRC, dado que se encuentra en un área con mucho menor disponibilidad hídrica.

-La megaminería afecta profundamente la morfología de la zona donde se efectúa la explotación, al realizarse un pozo (tajo, rajo u open pit) de hasta cientos de hectáreas de superficie y cientos de metros de profundidad. Esta excavación es abandonada al finalizar la explotación, es decir, donde antes había un cerro o una ladera del mismo, al concluir la actividad de la mina, queda una gran hondonada (o hasta decenas de ellas, como las que ya ha generado la mina Cerro Vanguardia en Santa Cruz). Asimismo, y antes de comenzar la explotación, esta megaminería ejerce una fuerte intrusión en vastas zonas del territorio para acceder a los yacimientos y su posterior extracción: huellas mineras, aperturas de acceso, camiones de muy gran porte, ingreso y traslado de sustancias peligrosas y explosivos. Para ello, además, utilizan a discreción rutas y caminos públicos; usufructúan la infraestructura del estado y demandan cuantiosa obra pública para operar.

Se utilizan sustancias tóxicas, como el cianuro, el ácido sulfúrico o el xantato para extraer los metales de las rocas removidas, trituradas y molidas, mediante operaciones conocidas como lixiviación y/o flotación, según los casos. Los residuos de esta operación son almacenados en depósitos que, muchas veces, ya sea por deterioros o derrames, terminan contaminado los cursos de agua o las aguas subterráneas. También, suelen contaminarse el aire y los suelos, los sistemas productivos y la salud humana (cánceres, enfermedades respiratorias y en la piel son algunos de los signos que han proliferado en las zonas afectadas). Del mismo modo, se contamina con los escombros generados: las rocas removidas, remanentes de la explotación, son depositadas formando escombreras, las cuales pueden drenar diversas sustancias contaminantes –ácidos y metales de diversa toxicidad­.[3]

-Según el Informe de Impacto Ambiental (IIA), Barrick Gold pretende obtener del yacimiento Pascua Lama 14,4 millones de onzas de oro, que equivalen a 447 toneladas, o 23,5 m3 de oro (el volumen de una habitación de 3 m x 3 m x 2,60 m), lo cual requeriría:  roca removida con explosivos:  1.806 millones toneladas;  agua: 170 millones m3; cianuro de sodio: 379.428 toneladas (4 camiones/día); explosivos: 493.500 toneladas (3camiones/día); gasoil: 943 millones de litros; nafta: 22 millones de litros; lubricantes: 57 millones de litros; electricidad: 110 MW(3 primeros años: 82 MW), consumo anual medio: 929 GW/h. El consumo eléctrico de un hogar argentino medio durante todo un año (2,36 MW/h en 2006) en Pascua Lama alcanzaría para pro-cesar 54 gramos de oro. Cada gramo de oro extraído de Pascua Lama requerirá remover 4 toneladas (4.000.000 g) de roca; consumir 380 litros de agua; 43,6 KW/h de electricidad (similar al consumo sema-nal de un hogar argentino medio); 2 litros de gasoil; 1,1 kg de explosivos; y 850 gramos de cianuro de sodio.

En lo que a energía se refiere, Pascua Lama ilustra un emblema de fiscalidad del siglo XIX, con privilegios escandalosos para un país con crisis energética, como afirman Gutman y Adaro[4] , en el que las mineras son “devoradoras de energía barata”. Los autores afirman:

“Pascua Lama […] prevé una demanda promedio de energía de 110 MW, con una demanda máxima de 123 MW, según lo estimado en su Informe de Impacto Ambiental. Estos MW serán provistos por la conexión a la red de suministro. La demanda mensual de combustibles en la fase operacional sería de 3.150.000 litros de gasoil y 60.000 litros de nafta por mes durante 21 años. Las cifras declaradas de tres de los principales emprendimientos son de un consumo de 150 MW en el caso de la Alumbrera; 110 MW en el de Pascua Lama y 135 MW previstos para Agua Rica; un total de 395 MW. Para tener una idea: la central nuclear de Atucha I produce 357 MW. Para completar la idea sólo hace falta multiplicar estas cifras por los más de 275 proyectos en preparación anunciados en 2006 por la Secretaría de Minería de la Nación”.

3-     ASPECTOS TRIBUTARIOS -IMPUESTOS

En el pago del Impuesto a las Ganancias tienen un  régimen que les permite deducciones y beneficios de todo tipo y alcance:

a) Deducción del 100% de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración y demás trabajos destinados a determinar la factibilidad técnico-económica del proyecto. Además, esta deducción podrá realizarse sin perjuicio del tratamiento otorgado por la normativa general de Impuesto a las Ganancias, como gasto o inversión amortizable, lo que se traduce en una doble deducción de estos gastos.

b) Exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta res-pecto a los activos (patrimonio) de las empresas mineras.

c) Deducción del Impuesto a las Ganancias de hasta el 5%de los costos operativos que establezcan para prevenir y subsanar las alteraciones del ambiente.

d) Exención del Impuesto a las Ganancias respecto de aquellas utilidades provenientes de aportes en el Capital Social de las empresas incluidas en el Régimen Minero.

e) “Amortización acelerada” en el impuesto a las ganancias respecto de las inversiones de capital que se realicen para la ejecución de nuevos proyectos mineros y para la ampliación de la capacidad productiva de las operaciones mineras existentes, así como aquellas que se requieran durante su funcionamiento.

f) Capitalización del avalúo de reservas de mineral económicamente explotable que tendrá “efectos contables exclusivamente, careciendo por tanto de incidencia alguna a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias” (Ley 24.196, Art. 15).

-REGALIAS

La relación con las regalías se encuentra prevista en el artículo 22° de la Ley 24.196. Este establece que las provincias no podrán cobrar un porcentaje superior al 3% sobre el valor “bocamina” del mineral extraído. Si este porcentaje parecía escaso, la problemática es mayor si consideramos que, al utilizar el mecanismo de “valor boca de mina”, se permite la deducción de gastos operativos, disminuyendo la base imponible y dificultando los controles y transparencia en los métodos de cálculo. En efecto, fue la Ley 25.161, sancionada en 1999, la que perfecciona el saqueo, definiendo el valor “boca mina” como el valor obtenido en su primera etapa de comercialización, menos los costos directos u operativos necesarios para llevar el mineral de “bocamina” a dicha etapa.

Este método de cálculo permitió que en San Juan —paradigma de esta gran minería—, en concepto de regalías, la empresa Barrick Gold, por Veladero (la mina más gran-de de la provincia), haya aportado, en el año 2009, solo el 1,7%en concepto de regalías del mineral extraído. Esto significó que, del total de ingresos de la provincia por todo concepto, el ingre-so por regalías de Veladero haya consistido en menos del 1% del total (38 millones de pesos de regalías sobre un ingreso total de3.960 millones de pesos).

El Artículo 23 de la Ley 24.196 establece que las empresas constituirán una previsión especial a los efectos de prevenir y subsanar las alteraciones del medio ambiente, pero la fijación del importe anual de dicha previsión no sólo “quedará a criterio de la empresa”, sino que también, un gran porcentaje se considerará como cargo deducible del impuesto a las ganancias.

-RETENCIONES:

En un contexto de fuertes incrementos de los precios de los metales y de extraordinarias ganancias empresariales, el Gobierno fijó un gravamen sobre las exportaciones mineras (del 10% para concentrados de cobre y del 5 % para el oro) a partir del año 2002, lo que no afectó a los proyectos radicados antes de esa fecha. En el año 2008, la Secretaría de Minería de la Nación procuró aplicar las retenciones a la totalidad del sector de la gran minería por sus escalofriantes ganancias (entre 2002 y 2007, el oro había aumentado de 300 a 800 dólares la onza, y el cobre de 0,75 a 3,5 dólares la libra). Esto generó la inmediata reacción corporativa de la actividad con la presentación de reclamos judiciales por parte de las empresas mineras alcanzadas por la medida, al entender que la misma violaba el principio de “estabilidad fiscal y tributaria” y se afectaba la “seguridad jurídica”. Mientras las petroleras pagan  retenciones móviles que hoy superan el 60% según el cálculo, la soja 35%, las exportaciones mineras pagan retenciones de 10% (y de apenas 5% si el mineral es sometido a alguna transformación considerada industrial). Recién en 2011, se exigió a las empresas mineras liquidar las divisas en el país.

4-     EMPLEO

En su sitio web, la Secretaría de Minería de la Nación promete 380.000 empleos directos y 800.000 indirectos para 2025. Previsión incierta, pues según la misma Secretaría, en 2007 el país contaba con sólo 40.000 empleos directos en minería[5], lo que equivaldría a apenas 0,24% de la población económicamente activa (P.E.A.), compuesta por unos 16 millones de trabajadores. La Secretaría no indica qué metodología utilizó para calcular 192.000 puestos de trabajo indirectos, sumando un total de 232.000 empleos.

Estos datos contrastan con los publicados por el I.N.D.E.C.[6], según el cual durante 2010 hubo un promedio de 19.412 trabajadores registrados en explotación de minerales no energéticos (es decir, sin considerar petróleo, gas, carbón y uranio): 7.127 en minerales metalíferos y 12.285 en otras minas y canteras.

En Chile, la minería factura 8 veces más que en Argentina (excluyendo hidrocarburos). Pero según el Servicio Nacional de Geología y Minería, en 2009 dio empleo a un total de 174.125 trabajadores, incluyendo contratistas (2,4% de la PEA chilena)[7]. Y en Canadá, con una facturación total 6 veces mayor a la minería argentina, sólo 51.116 trabajadores directos[8].

No se ve pues en que datos se basó recientemente la Secretaría de Minería de la Nación, para afirmar que “La minería ya genera 500.000 empleos en el país”[9].

4-CONFLICTIVIDAD SOCIAL y DERECHOS HUMANOS

Si hay algo que precisamente no puede ser negado o minimizado, ni siquiera por el propio discurso tecnocrático prominero, es la fuerte conflictividad social desencadenada de manera creciente por los proyectos extractivos. La conflictividad tiene, como los pasivos ambientales que deja la minería misma, una sobrevida que excede largamente la del período de explotación del yacimiento, tal como se puede verificar en casos emblemáticos de la minería latinoamericana, en Guanajuato y Zacatecas (México), Cerro de Pasco, La Oroya  o la Bahía de Ilo (Perú). Actualmente, no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales suscitados entre las empresas mineras y el gobierno versus las comunidades: México, varios países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá), Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) existen actualmente 120 conflictos activos que involucran a más de 150 comunidades afectadas a lo largo de toda la región. Sólo en el Perú, la Defensoría del Pueblo de la Nación da cuenta de que los conflictos  por la actividad minera concentran el 70 % de los conflictos socioambientales y éstos a su vez, representan el 50 % del total de conflictos sociales en ese país, no casualmente uno de aquellos donde más acelerada y descontroladamente se ha dado la expansión minera (De Echave, Hoetmer y Palacios Panez, 2009).

En Argentina, no hay provincia con proyectos mineros donde no se hayan suscitado conflictos por este tipo de actividad. Los motivos que desencadenan los conflictos son variadísimos, comprendiendo desde la disputa por bienes naturales (tierras, agua, pasturas) hasta conflictos por casos de corrupción, clientelismo, afectaciones a las economías locales, conflictos por las expectativas frustradas de empleo y/u oportunidades económicas, etc. Cada proyecto minero de envergadura ha dado lugar a una historia de conflictividad social que ha alterado radical y decisivamente la vida de los pueblos allí donde se radicaron o pretendieron hacerlo, desde los pueblos del Oeste catamarqueño (con la apertura de Minera Alumbrera) a Esquel; de Esquel, a todas las restantes localidades cordilleranas o serranas con ‘potencial minero’.

Por otro lado, este contexto de conflictividad contribuye directa o indirectamente a la violación de los derechos en la medida en que no se generan procesos de consultas adecuados a las comunidades, son desalojadas de las tierras reclamadas por las empresas y éstas últimas contaminan los recursos de las comunidades como son el agua y la tierra, de los que dependen para su vida. Las industrias extractivas están involucradas en violaciones a los derechos humanos fundamentales, afirmó Keith Slack, director del Programa Global de Industrias Extractivas de Oxfam.

En cuanto al informe de Naciones Unidas, elaborado por el Representante de ONU a solicitud de su Secretaría General, indicó los siguientes porcentajes:

“(…) de los 320 casos de violación a los derechos humanos, el sector que obtuvo más denuncias fue el de las industrias extractivas, con un 28 por ciento de menciones. "Las industrias extractivas representan al sector con más denuncias por abusos contra los derechos, incluido los crímenes contra la humanidad, por lo general provocados por las fuerzas de seguridad públicas y privadas que protegen los bienes de las empresas" indica una cita del citado informe.

Del miso modo se asocian a también a "la corrupción a gran escala, la violación de los derechos laborales y una amplia gama de abusos contra las comunidades locales, especialmente los pueblos indígenas". Las denuncias se concentran geográficamente en Asia/Pacífico en un 28 por ciento, África en un 22 por ciento y América Latina en un 18 por ciento”.

En la actualidad, se cuenta con un conjunto de informes independientes sobre violación de derechos humanos y megaminería (SERPAJ, FOCO, Atlas de Vulnerabilidad de la Niñez en Riesgo Ambiental, Defensoría del Pueblo de la Nación, Cátedra UNESCO-Barcelona), además del informe de Naciones Unidas (Relatoría de Naciones Unidas a solicitud de la Secretaría General, año 2009).

 Entre otros aportes se encuentran los del Grupo de Trabajo de la Red-DESC (Red internacional para los derechos económicos, sociales y culturales) que reunió una serie de estudios de caso para el Representante Especial del Secretario General de ONU, John Ruggie, presentado en la Reunión de Expertos sobre Derechos Humanos y la Industria Extractiva realizada en Ginebra en noviembre de 2005. En 2011, y a propósito de una campaña sobre derechos humanos y minería solicitada desde una organización argentina, la Red-DESC y sus miembros promovieron  una serie de eventos en el Foro Social Mundial, con la organización miembro de la Red, Mines, Minerals & People y sus afiliados, con el objetivo de evaluar los impactos de la minería sobre los derechos humanos y posibles estrategias de defensa. Más de 20 grupos contribuyeron a través de sus experiencias y comentarios a la realización de una “Presentación Conjunta”,  realizada por la Red-DESC al Representante especial de la ONU, con un formidable respaldo bibliográfico y documental. Entre los casos que se reportaban en dicho informe estaba el caso de la TVI en Filipinas y, de las mineras acusadas, una mayoría era de origen canadiense.

[1] Gran parte de la presente información se ha extraído del libro 15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina, colectivo Voces de Alerta, Ediciones El Colectivo, Herramientas, 2011. Cuando esto no es así, se consigna la fuente

[2] http://ambienteacademico.com.ar/newsletters/25-contaminacion-y-mineria.html

[3] Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) (2008) Informe situación de derechos humanos en Noroeste argentino en 2008,   Educación para la Acción Crítica (EdPAC)- Grupo de Cooperación del Campus de Terrassa (GCCT)- Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad (GIDHS). Disponible en:   http://investigaccionddhh.wordpress.com

[4] “Controles y fiscalidad del Siglo XIX en Argentina. Inauditos privilegios de la minería”, en Le Monde Diplomatique, El Dipló, Edición Cono Sur, agosto 2008, Buenos Aires.

[5] Secretaría de Minería (2008): Minería en números 2008, p. 11 y 13.

[6] INDEC (2011): Evolución de la distribución funcional del ingreso (origen de los datos: Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/17/cgi_03_11.pdf

[7] http://www.sernageomin.cl/pdf/publicaciones/anuario2009.pdf

[8]http://www.nrcan-rncan.gc.ca/mms-smm/busi-indu/cmy-amc/2009revu/stat-stat/tab22-30-eng.htm#t22

[9]http://www.infobae.com/econom%C3%ADa/527260-100895-0-Aseguran-que-la-miner%C3%ADa-ya-genera-500.000-empleos-en-el-pa%C3%ADs