Corporaciones
y modelo K
Los
comienzos de año suelen ser agitados en nuestro país. Hace un año se producía
la pueblada de Famatina, en La Rioja, la cual visibilizaba a nivel nacional las
luchas contra la megaminería que desde 2003 vienen disputando las poblaciones,
de cara a las grandes corporaciones, avaladas por los gobiernos provinciales.
Poco después, la presidenta Cristina Fernández dejaría en claro la posición del
Gobierno nacional sobre el tema: con argumentos muy débiles y denigratorios,
fustigaría al ambientalismo, evocaría una vacua idea de “sustentabilidad”,
apoyaría a rajatabla a los gobernadores promineros y reafirmaría su alianza
estratégica con las corporaciones mineras. Después de este claro alineamiento
con las empresas transnacionales, las luchas se tornaron aún más desiguales,
pero el Famatinazo tuvo un efecto político y simbólico mayor, pues desnudó uno
de los grandes puntos ciegos del discurso épico del oficialismo, a la hora de
hablar de las corporaciones.
Algo similar
sucedió con la tragedia ferroviaria de Once: el hecho, que costó la vida de 51
ciudadanos, puso de manifiesto que la precariedad no es un tema del pasado
neoliberal y que los subsidios millonarios no hacen más que apuntalar las
ganancias de los empresarios, con total desprecio por la vida de los usuarios.
Esta semana, al cumplirse once meses de la tragedia, los familiares y amigos de
las víctimas anunciaron una gran movilización hacia Plaza de Mayo para el mes
próximo. Los familiares leyeron un duro documento donde expresaban su
satisfacción por el avance de la causa penal, y subrayaban “el silencio del Poder Ejecutivo”. Pocos días antes, el
Gobierno había acordado la compra directa de 409 vagones a la empresa china CRS
y un programa de mejoramiento de la infraestructura ferroviaria para
municipios. El anuncio, que no hizo alusión alguna a las víctimas de la
tragedia de Once, vino a refrendar también la convicción de que el Gobierno no
está pensando el sistema ferroviario en clave de reconstrucción de la industria
nacional.
Otro
punto de actualidad donde naufraga el discurso oficial sobre las corporaciones
aparece cuando hablamos de la expansión de la frontera agropecuaria. Este
proceso ha significado mayor acaparamiento de tierras en manos de agentes
económicos poderosos, más desforestación, más criminalización, más desalojos
rurales y asesinatos de campesinos e indígenas. Este verano, por ejemplo, los
qom, que mantienen un largo litigio por la titularidad de sus tierras en Chaco
y Formosa, volvieron a ser noticia fúnebre: entre diciembre de 2012 y enero de
2013, cuatro integrantes de esta comunidad fueron muertos en circunstancias más
que sospechosas, frente a la indiferencia del Gobierno nacional. A raíz de
ello, están circulando declaraciones de repudio y cartas abiertas a la
Presidenta, de parte de la comunidad académica, que demandan, además de la
implementación de medidas urgentes, que el Gobierno nacional condene moral y
públicamente estos hechos aberrantes.
Un
último ejemplo del rol cada vez mayor que asumen las corporaciones es la
llegada del fracking, a partir de la expansión de la frontera hidrocarburífera.
Recordemos que la estatización de YPF reverdeció el discurso épico del
Gobierno, que venía en baja, luego de lo sucedido con la megaminería y la
tragedia de Once. Lo cierto es que, más allá de los anuncios ditirámbicos, la
YPF Modelo 2012 apuesta a la asociación con grandes empresas extranjeras, como
la americana Chevron (que, a través de Texaco, fue condenada por graves delitos
ambientales y violación de derechos indígenas, en Ecuador).
YPF
apunta a la explotación del gas no convencional (shale gas), a través de una
metodología muy cuestionada en el mundo, la fractura hidráulica, más conocida
como fracking. Es una técnica que consiste en el bombeo de fluido (grandes
cantidades de agua y sustancias químicas) y arena, a elevada presión, a fin de
producir microfracturas en la roca madre que almacena los hidrocarburos. Los
riesgos ambientales son muchos y de corto plazo: contaminación de aguas
subterráneas y superficiales, lubricación de fallas geológicas que originan
movimientos sísmicos y utilización intensiva del territorio. Por ello, el
fracking ya fue prohibido en varios estados de Estados Unidos, en Francia,
Bulgaria e Irlanda del Norte.
La
geógrafa Silvia Leanza, de la Fundación Ecosur, habla de “geocoincidencias”
entre cuencas gasíferas y cuencas hídricas, “ya que los proyectos más avanzados
coinciden con importantes fuentes de agua potable (y el agua es el insumo de
mayor importancia para la “eficiencia” en la explotación de gas no convencional)”.
Argentina cuenta con varias geocoincidencias, entre ellas, la Cuenca Neuquina,
donde está Vaca Muerta (acuífero Zapala y cuencas de ríos norpatagónicos), la
del Chaco-Paraná (acuífero Guaraní y ríos de la Cuenca del Plata), el golfo San
Jorge (cuenca del río Senguer). Más claro, imposible…
Nada
indica que el Gobierno abrirá la discusión sobre el fracking; todo lo
contrario, como ya sucedió con la soja y la megaminería. Argentina se apresta
así a sumar nuevos conflictos socio-ambientales que preanuncian un
enfrentamiento directo, ya no sólo con las transnacionales, sino con una
empresa nacional, YPF Modelo 2012. Pero la acumulación de luchas en defensa del
agua es tal que la población ya comienza a movilizarse: esto sucede en Entre
Ríos, provincia en la cual distintas organizaciones promueven una ley que
prohíba el fracking; en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde se han
organizado en asambleas –siendo Allen la localidad más amenazada–, y donde la
ciudad de Cinco Saltos acaba de convertirse en el primer municipio en el
país en prohibir el fracking; por último, están las luchas de las
comunidades mapuches en el norte neuquino, cerca de Zapala y en Loma de la
Lata.
En
fin, enero de 2013 nos recibe con nuevas bofetadas de realidad que reafirman cuál
es verdadero rol que el modelo kirchnerista asigna a las corporaciones y a los
grandes actores económicos en el esquema del extractivismo dependiente.
*Socióloga y escritora, miembro de Plataforma 2012.
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