EL CONFLICTO EN
GENDARMERÍA Y PREFECTURA
Tanto en Gendarmería como en
Prefectura, estalló un conflicto de características gremiales originado en la
sanción del Decreto 1307/12 que tiene su equivalente en las FFAA en el Decreto
1305/12.
Dicho decreto buscó regularizar la
situación salarial de la masa de prefectos y gendarmes y resultó, para la gran
mayoría, en un brutal recorte que alcanza hasta el 50% en algunos casos. En
actividad o en situación de retiro, estos funcionarios públicos han sido
directamente arrastrados a una situación salarial insostenible. Sólo para el
gobierno nacional se puede comer con seis pesos por día y no es pobre quien
gane trece pesos diarios. Para los demás analistas, incluso cercanos al
oficialismo, la canasta familiar oscila entre los 7.000 y los 9.000 pesos.
Resulta muy difícil de comprender el
comportamiento del Ejecutivo Nacional. Los Decretos fueron el resultado de
numerosas gestiones y llevan la firma de todas las autoridades responsables
incluida la jefa de Estado, Dra. Fernández de Kirchner. Estaban en cabal
conocimiento de las consecuencias que acarrearía su ejecución. Cualquier
observador independiente tendría que considerar que fue el propio Ejecutivo
Nacional por incapacidad, total impericia o por razones que solo sus funcionarios
pueden explicar, el que buscó desencadenar el conflicto.
El gobierno procura identificar la
rebelión de Prefectos y Gendarmes con situaciones del pasado vinculadas a
intentos de golpes de Estado. Hasta ahora no surge evidencia alguna de esta situación
por lo menos en lo que se conoce de sus reclamos (petitorio de siete puntos)
todos circunscriptos a la cuestión salarial y otras reivindicaciones. Esto no
niega que pueda haber sectores minoritarios que aspiren o propongan alterar el
orden constitucional. Pero, reiteramos, hasta ahora no surge evidencia alguna
que avale esta posición sustentada por el oficialismo. Asimismo el conflicto
abre un conjunto de situaciones cuyas efectivas consecuencias sólo podrán
apreciarse en el correr del tiempo. La fractura horizontal que objetivamente
produjo la protesta en ambas Fuerzas de Frontera, no es un dato menor y
afectará profundamente el desenvolvimiento de ambas instituciones. Se suceden
reclamos no solo salariales, sino sobre el derecho a la sindicalización, etc.,
cuestiones que los sectores patrióticos y democráticos deberán estudiar
responsablemente para dar respuesta a estas preocupaciones que debaten los integrantes
de las Fuerzas de Frontera.
No está demás recordar a los
miembros de las fuerzas hoy protagonistas del reclamo mencionado, que el camino
de la segunda y definitiva independencia nacional debe unir a todos los
sectores verdaderamente interesados en hacer efectivo el anhelo de los Padres
de la Patria de ver la Nación libre de todo dominio extranjero. Esto exige que
todas las fuerzas militares sigan el ejemplo de esos próceres: Belgrano, San
Martín, Artigas, Brown, Güemes, etc., y de Ramón Gumersindo Acosta, Víctor
Samuel Guerrero, Guillermo Nasif, Carlos Misael Pereyra, Ricardo Julio Sánchez,
Juan Carlos Treppo, Marciano Verón, y de Benítez, Julio Omar López, Jorge
Eduardo, héroes nacionales de Gendarmería y Prefectura respectivamente, muertos en la lucha contra el colonialismo inglés , y usen sus armas para defender la
soberanía y proteger al pueblo.
Desde hace ya varios años, durante
la gestión del Dr. Néstor Kirchner y la de la Dra. Fernández de Kirchner, se retiró
a las Fuerzas de Frontera de sus funciones específicas, es decir, la custodia
de la soberanía en las vastas fronteras de la Patria, para utilizarlas de
policía en la Capital y el Gran Buenos Aires. Fue su decisión transformar a
estas dos fuerzas de frontera en los principales instrumentos represivos contra
posibles protestas ciudadanas.
Durante la rebelión agraria, el
gobierno nacional dispuso operaciones represivas tanto de la Prefectura (en San
Pedro) como de la Gendarmería (Entre Ríos) procurando terminar, por la vía
represiva, el reclamo de los productores del campo.
Pocas semanas atrás, el Teniente
Coronel Berni, secretario de Seguridad de la Nación, oficial en actividad del Ejército Argentino,
comandó a 400 gendarmes para reprimir un reclamo de características salariales
como el que hoy realizan los propios gendarmes. El Teniente Coronel Berni
trasladó a Campo de Mayo a esos compatriotas en calidad de detenidos a los que
obligó a permanecer en esa condición dentro de los colectivos escolares en los
que efectivizó el traslado, y utilizó, por primera vez en 30 años, dependencias
militares para la represión interna, retrotrayéndonos a la época de la doctrina
de la seguridad nacional aplicada por la dictadura militar. Se debe recordar
también que fue el Poder Ejecutivo y la Dra. Garré quienes instruyeron a la
Gendarmería para desarrollar el llamado Proyecto X de espionaje contra dirigentes
sociales, sindicales, etc.. Según los organismos de derechos humanos no
oficialistas, hay más de 5.000 procesados por el gobierno de la Dra. Fernández
de Kirchner por realizar reclamos sociales y/o sindicales.
Al retirar las Fuerzas de Frontera
de la custodia de los límites territoriales de la Nación se abrió la Argentina al
narcotráfico y la trata de personas, para la esclavitud sexual o laboral, con
las penosas consecuencias que sufre la población en su conjunto. Ambos flagelos
crecieron de manera exponencial en esta última década. La Argentina es uno de
los grandes productores y exportadores de droga a Europa y otras latitudes.
El retiro de las Fuerzas de Frontera
de sus funciones específicas, se corresponde con la liquidación del sistema de
seguridad de tierras de frontera que ejecutó el menemismo durante la década del
90 y que el actual turno gobernante ha mantenido inalterable. Así, por ejemplo,
el magnate Joe Lewis fue autorizado por el gobierno de la Dra. Fernández de
Kirchner a adquirir un latifundio de 40.000 ha en zona de frontera sobre el Atlántico
Sur, en Puerto Lobos, en Río Negro, en el que construyó y opera un aeropuerto
en el que pueden descender aviones de gran porte como los que utiliza la OTAN y
a sólo dos horas de la base militar británica de Mount Pleasant en Malvinas.
Y esta política de destrucción del
sistema de seguridad en tierras de frontera, se articula con la destrucción de
todo el sistema de defensa nacional que incluye las FFAA para la defensa
nacional, la producción y la investigación para la defensa nacional, etc.. Ambas
políticas de indefención, las aplicadas tanto a Fuerzas de Frontera como FFAA,
son la evidencia de la política de Estado de desmalvinización a la que la
Argentina fue sometida desde 1982 por imperio de las potencias imperiales.
La crisis salarial desatada en las
mencionadas fuerzas de frontera deja en evidencia la profundidad de la crisis
económica subestimada por el gobierno nacional. La crisis económica
internacional es de una profundidad y alcance desconocidos y sacude a la
Argentina con sus consecuencias de empobrecimiento. El gobierno nacional usa la
inflación –que ronda entre el 25% y 26%- como sistema de ajuste, pero esto ya
no le es suficiente y ha pasado a propiciar formas clásicas de ajuste como los
que aplica a través del gobernador Scioli en la Provincia de Buenos Aires, o
los que trata de imponer en Santa Cruz (aumento de la edad jubilatoria,
recortes de salarios, etc.), o la anulación del 82% móvil como trata de imponer
en Córdoba, etc.. Mientras niega mejoras salariales
a importantes sectores de la vida productiva argentina o beneficiarios del
sistema jubilatorio, ha pagado más de 50.000 millones de dólares en conceptos
de deuda externa y alentado la fuga de más de 80.000 millones de dólares. Estos 130.000
millones de dólares podrían haber sido puestos al servicio de los intereses
productivos de la Nación.
Vale recordar aquí que cuando Néstor
Kirchner accedió a la Presidencia de la Nación se comprometió ante las minorías
gobernantes a cumplir con, por lo menos, tres reclamos: 1) reconstruir el
Estado resquebrajado por la rebelión popular denominada Argentinazo,
especialmente eliminando al reclamo popular de la calle; 2) reconstruir un
sistema bipartidista y 3) cumplir con el pago de la deuda externa.
El cacerolazo del 13 de septiembre
próximo pasado y esta, hasta ahora, rebelión gremial de las Fuerzas de
Frontera, pone en alerta amarillo al conjunto de las minorías gobernantes en
cuanto a la capacidad del kirchnerismo de ser garante del orden de la entrega de
esta Argentina dependiente y con parte de su territorio ocupado por un potencia
militar extranjera.
Una vez más es imprescindible la
unidad de los sectores patrióticos y nacionales y los sectores democráticos y
populares para que Argentina se ponga de pie como país verdaderamente
independiente donde se hagan realidad los derechos del Pueblo.
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