OTRA MENTIRA DEL RELATO: UN 21% ESTÁ
ALCANZADO POR GANANCIAS
Se trata de alrededor de 3 millones de
trabajadores y jubilados que reciben ingresos superiores al mínimo no imponible
de $15.000. Los números que maneja Economía.
INFOBAE 31-03-2014
Otra vez problemas con los números. Parece que para Economía los datos
acerca de cuántos trabajadores y jubilados están alcanzados por el mínimo no
imponible del Impuesto a las Ganancias no son tan “reales”.
En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo
“el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias está muy bien, y afecta
aproximadamente al 6% u 8% de los trabajadores argentinos. Y si se toma sólo a
los trabajadores registrados, esa cifra sube al 11%”.
Sin embargo, en base a una investigación encarada por Infobae, se pudo
saber que en realidad un total de entre 1,5 y 2,9 millones de personas son en
realidad alcanzadas. En el primero caso representa 8,5% del total de
trabajadores y 14,3% de los ocupados registrados; mientras que en el segundo
sube a 16,3% y 27,6%, total y en blanco, respectivamente.
Si bien en un principio el impuesto alcanzaba a los salarios superiores
a $15.000, éste se ha vuelto regresivo y alcanza a:
– Transportistas con unos 313.000 trabajadores registrados (168.500
abocados al tráfico de pasajeros por buses y ferrocarril y 145.4 00 al
movimiento de cargas por esos medios);
– Bancarios 103.460;
– Telecomunicaciones 73.900;
– Seguros 61.600;
– Industria plástica 47.500;
– Sector de energía eléctrica 40.000;
– Laboratorios 37.600;
– Terminales automotrices 30.000 personas, entre otras.
En tanto, dentro del sector público registrado por el Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones sobresalen los empleados por los organismos
descentralizados con casi 136.875 personas que en promedio percibían a fines de
2013 más de $15.000; $33.000 en las empresas públicas; $20.900 en el Banco
Nación; y $11.900 en el Poder Legislativo.
Así, Ganancias se ha convertido en un gravamen destinado a captar el
impuesto inflacionario y debilitar el poder de compra real de los trabajadores
y con aplicación discrecional, abandonando un principio básico de política
tributaria.
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